En esta tribuna no nos habíamos pronunciado sobre la compra de los 17 aviones Gripen. Partimos del supuesto de la necesidad y conveniencia de que la Nación adquiera y mantenga arsenal de defensa frente a eventuales agresiones por gobiernos extranjeros.
Por eso, cuando el 2 de abril de este año el presidente Petro anunció que se adquiría una flota de aviones Saab 39 Gripen, de última tecnología, como parte del fortalecimiento de la defensa aérea estratégica del país, tras un encuentro con la embajadora de Suecia y el gerente general de la empresa Saab en la Casa de Nariño, en el que se prometió a los colombianos que en los siguientes meses se detallarían los pormenores del respectivo contrato que posteriormente se firmaría, no nos sumamos a las críticas lanzadas desde distintos flancos.
Además, a esa compra se adicionó el compromiso del gobierno sueco, de apoyar otras iniciativas en el sector aeronáutico, en innovación, tales como diseñar un centro y trabajar con la industria colombiana, involucrándola en la construcción de los aviones, más la realización de algunas inversiones sociales, como paneles solares en el departamento de Córdoba, la instalación de sistemas de agua potable en varios puntos de La Guajira y la restauración y dotación con equipos médicos de última tecnología en la torre central del hospital San Juan de Dios en Bogotá.
Sin embargo, la serie de noticias que se han difundido recientemente, casi todas originadas desde Suecia y otros países, llaman a la alerta sobre situaciones que ameritan explicaciones, al punto que la Contraloría General de la Nación inició un proceso de control fiscal por presuntos ofrecimientos de dinero en el proceso de compra del Ministerio de Defensa, lo que incluye vigilancia a la adquisición por de la flota de 17 aeronaves de combate ‘Gripen’, luego de solicitar de manera formal al Ministerio de Defensa, la copia del contrato y estudios previos que sustentan la compra, singularmente en relación con otras alternativas internacionales.
Es indispensable que se establezcan las razones técnicas, legales y económicas que llevaron al Gobierno a seleccionar los aviones Gripen E y F, descartando otras opciones, como los aviones franceses Rafale o los F16 de Estados Unidos.
El Gobierno no podrá alegar la reserva de información a la Contraloría, no sólo porque no es válida conforme con las funciones constitucionales de esa entidad; también, porque, como se dijo arriba, el 2 de abril las partes del contrato prometieron dar esa información.
Los puntos más neurálgicos de la investigación incluyen el supuesto -no comprobado aún- sobrecosto que tienen los aviones si se comparan con una compra similar realizada por Tailandia; sería absolutamente injustificable, de demostrarse, que el país terminara pagando un valor unitario superior al de otro adquiriente por el mismo tipo de avión.