En diciembre de 2024 destacamos el proyecto de acuerdo que la Secretaría de Hacienda de Cartagena radicó ante el Concejo Distrital para que se permitiera al Distrito la adopción del mecanismo denominado ‘Obras por impuestos’, como parte de la estrategia para optimizar el recaudo tributario y garantizar la realización de proyectos esenciales para el desarrollo de la ciudad.
Como se señaló entonces, si se aprobaba, el contribuyente que se acogiera al mecanismo y asumiera obras públicas por impuestos se obligaba a entregarlas a satisfacción del Distrito y acreditar el pago del saldo del tributo correspondiente, permitido solo para el Impuesto Predial Unificado y el Impuesto de Industria y Comercio, mediante la inversión directa en la ejecución de proyectos previamente seleccionados por la administración distrital. Por lo tanto, no se trata de un beneficio tributario, pues el contribuyente tiene que invertir todo lo debido en la obra pública y el saldo correspondiente pagarlo en Hacienda Distrital.
Al particular sólo le cabe seleccionar una o varias obras priorizadas por el Distrito en el Plan de Desarrollo e incluidas en el Banco de Proyectos de la Secretaría de Planeación, en temas como educación, deporte, salud, infraestructura, entre otros, de tal manera que se ejecutara un esperado proyecto, que nunca se haría o se aplazaría demasiado si fuera prorrogado hasta que se asignaran recursos estatales.
Finalmente, el Concejo de Cartagena aprobó esa iniciativa tributaria mediante el Acuerdo 161 de 2024, materializado por el alcalde Turbay mediante el Decreto 1496 de 2025, lo que permite usar hasta el 30% del impuesto de la vigencia correspondiente y 40% de las vigencias anteriores, para financiar proyectos priorizados en el Plan de Desarrollo.
Sin embargo, tal como lo expuso nuestra columnista María Claudia Peñas, gerente de la Andi Bolívar, en el proyecto de presupuesto para 2026 que el Concejo está estudiando, que asciende a más de $4,5 billones, del cual cerca de 2 billones corresponden a recursos de libre destinación, incluidos los impuestos Predial y de Industria y Comercio, inexplicablemente se ha omitido un rubro específico para que sea posible aplicar este instrumento en 2026, lo que suscita incertidumbre en los contribuyentes, pues carecen de referencia económica de las obras públicas que están dispuestos a asumir.
En consecuencia, nos unimos a la solicitud de María Claudia Peñas, dirigida a la Secretaría de Hacienda, para que se modifique el proyecto de presupuesto, incluyendo un rubro específico para Obras por Impuestos, de tal manera que este pueda aplicarse mediante los movimientos presupuestales que permitan a los empresarios interesados, poder trabajar de la mano con las comunidades, dejando parte de estos impuestos en obras que el Distrito no puede atender en el mediano plazo.