En editorial de este viernes decíamos que el ataque a embarcaciones presuntamente cargadas con drogas ilícitas sin fórmula de juicio contra ciudadanos civiles, sin observancia del derecho de defensa y el debido proceso y, más grave aún, el anuncio de la posibilidad de lanzamiento de misiles hacia determinados puntos en tierra firme de Venezuela y, eventualmente, de Colombia, es un cambio total en la doctrina del gobierno de EE. UU. en relación con la lucha contra las drogas.
Si esa línea continúa, ya no podríamos hablar de la tradicional guerra contra las drogas declarada por Richard Nixon en 1971, consistente en la persecución y sanción de bandas criminales calificadas como carteles, lucha más a cargo de los gobiernos latinoamericanos en sus propios territorios, con el apoyo económico, de inteligencia y de armamento estadounidenses.
Con la movilización de la poderosa flota marítima de guerra hacia el Caribe y el Pacífico; con la eventual intervención para un cambio de gobierno en Venezuela y la determinación de atacar incluso en suelo continental a los grupos violentos que producen drogas ilícitas y las transportan a suelo estadounidense, ya no se les califica como carteles sino como narcoterroristas enemigos de la nación americana. Bajo esa lógica, los carteles latinoamericanos dejan de ser organizaciones criminales y se convierten en “grupos armados no estatales”, categoría que permite operaciones militares sin declaración formal de guerra.
El gobierno de EE. UU. ahora compara a los narcotraficantes con los terroristas radicales: “… los carteles son el ISIS del hemisferio occidental”. Así, ya no interesa su corresponsabilidad de país consumidor. Ahora estaría habilitado para liberar a su pueblo del cáncer de la adicción a las drogas, elevándolo a un asunto de “defensa nacional”. Y si esta posición implica remover gobiernos a los que se les sindica de estar vinculados a narcos como los del Tren de Aragua, una “organización terrorista designada, no identificada” o a grupos guerrilleros como el Eln asimilados a “la Al-Qaeda del hemisferio occidental, que utilizan la violencia, el asesinato y el terrorismo para imponer su voluntad, amenazar nuestra seguridad nacional y envenenar a nuestro pueblo”, lo que viene es inquietante e impredecible.
El gobierno Trump formalizó ante el Congreso de EE. UU. un documento en el que afirma que el país está en un “conflicto armado no internacional”, con lo cual no pedirá autorización porque su plan es “matar a las personas que están trayendo drogas”, creando un precedente que redefine el combate al narcotráfico como una guerra declarada unilateralmente, lo que le permite atacar fuera de su territorio sin necesidad de pruebas judiciales ni coordinación con los países afectados.
Conviene un análisis a fondo de todo lo que podría cambiar a nivel interno y en este hemisferio.