La suspensión provisional del Decreto 0858 de 2025 por parte del Consejo de Estado tendría que servir de ejemplo mayúsculo a los funcionarios de la administración central sobre la contención que les corresponde ante el deseo de concretar sus proyectos sin la observancia de las normas constitucionales que regulan los pesos y contrapesos entre las distintas Ramas del Poder Público.
En efecto, el camino escogido por el actual gobierno para ejecutar su reforma a la salud que le ha negado el Congreso de la República ha sido el de ir haciéndola mediante decretos y resoluciones, lo que supone eludir las competencias excluyentes que, sobre un tema de la importancia de la salud, tiene el órgano legislativo.
A pesar de que el proceso que se adelanta en el Consejo de Estado apenas comienza, este se vio en la necesidad de dictar la medida provisional de suspensión de los efectos del referido decreto, medida no muy común, por cierto, al considerar que el Ejecutivo invadió competencias del Congreso, pues no es posible que se reforme la estructura del sistema de salud por fuera del parlamento.
El Gobierno ha intentado en varias ocasiones que el Senado apruebe el Modelo de Salud Preventivo, Predictivo y Resolutivo que le ha presentado, sin que a la fecha haya reunido las mayorías para ese propósito.
Las explicaciones que han dado en el Congreso se refieren a la ausencia de interés sincero de los voceros del Ejecutivo, de arribar a acuerdos sobre el contenido final del proyecto de ley de reforma a la salud, por cuanto en la práctica el Gobierno no admite modificaciones que los congresistas juzgan necesarias, ni muchos menos han incorporado las propuestas que las sociedades científicas y las ligas de pacientes han planteado en reuniones que al parecer de poco sirvieron para enriquecer el referido proyecto con visiones de diferentes sectores, singularmente de los expertos.
El Gobierno sostiene que ese decreto solo busca establecer cambios en la forma en que los ciudadanos acceden al sistema, se prioriza la atención primaria en los territorios y se redefinen las funciones de las EPS. Pero los demandantes alegan que el Ejecutivo ha intentado avanzar sin consensos ni respaldo legislativo en sus propósitos, por más loables que sean.
Lo cierto es que las reformas por decreto de temas sensibles solo pueden llevar a la improvisación y la incertidumbre, que es lo que está ocurriendo en el más sensible de los sectores, el de la salud. Y no está bien que se hagan por ese mecanismo si actualmente cursa en el Congreso el proyecto de reforma con contenidos similares a los del decreto suspendido. Esto, además, quiere decir que las disposiciones adoptadas por el Gobierno tendrían que haber sido discutidas en el trámite ante el Congreso.
En todo caso, nada servirá de mucho si no se aborda el real y principal problema del sector salud: la corrupción en la larga cadena de actores.