Revisamos ayer problemas que acusa la universidad pública en Colombia. Hoy vale la pena ocuparse de la elección de rectores, que tanto desequilibrio en la gobernanza les genera.
Las consultas internas, por ejemplo, con el transcurrir del tiempo se han convertido en un factor desestabilizador del clima laboral e institucional dado el nivel de confrontación al que se llega durante su realización. La experiencia, dos décadas después de su puesta en marcha, evidencia la estructuración de un mercado político electoral donde se negocian las preferencias electorales del estamento universitario, versus el acceso a determinados cargos y el manejo de la contratación pública ante el creciente presupuesto de las Universidades. De hecho, el actual Gobierno nacional ha rechazado la reelección rectoral.
Lo innegable es que, de 34 instituciones, en 29 se reelige al rector. En otras palabras, la realidad es que la universidad pública disfruta la reelección, cuyo orden se asimila a una estructura de poder clientelista electoral que funciona como base para capturar los espacios de los diferentes procesos electorales, tales como Consejos Estudiantiles, de Facultad y Egresados, entre otros. Ese orden se ha ido perfeccionando de tal manera que se especula en algunas universidades de la existencia de Fondos de Gestión, con los recursos provenientes del sistema de contratación pública (manejo de proyectos/regalías, consultorías), como soporte o columna vertebral para financiar los procesos electorales internos.
Adicionalmente, esos recursos y la nómina permiten maniobrar ante las investigaciones de los entes de control. En este aspecto se destaca el manejo de la planta de personal de los centros educativos, en donde es recurrente una nómina de contratistas y docentes de cátedra que supera el personal administrativo y profesores vinculados a la planta. Cierra esta parte los incrementos salariales y ascensos sin tener en cuenta el mínimo criterio de meritocracia, o de concurso, sino simplemente una herramienta para sostenibilidad del statu quo existente.
Recapitulando, hacia el futuro estos centros académicos apoyados en un orden institucional clientelizado y depredador de los recursos públicos, que no da respuesta a la problemática territorial o nacional, asociado a una política de educación superior que no genera el necesario capital humano, valores y fuente de pensamiento crítico, los cuales sumados constituyen un panorama sombrío e incierto para las universidades públicas y la sociedad en general. ¿Qué hacer?
Es un escenario complejo; implica el compromiso de los distintos estamentos universitarios para romper con esa tendencia regresiva.
La autonomía universitaria difícilmente permitirá que un editorial como este abra la discusión; pero puede servir para que se dé internamente sin disimulos.