La actualidad de la universidad pública en Colombia muestra un escenario complejo y de incertidumbre ante la confluencia de varios factores limitantes para el cabal cumplimiento de su objeto misional.
En primer lugar, hace una década viene haciendo agua el modelo de financiamiento establecido en la Ley 30 de 1992. El Sistema Universitario Estatal (SUE) estima en 23 billones de pesos la deuda de la nación con las 33 universidades públicas ante el incremento de los costos, básicamente en ampliación de cobertura, investigación e infraestructura, y el desfase entre en el Índice de Precios al Consumidor que utiliza el Gobierno desde 1992, y los costos reales.
En ese sentido, el proyecto de Ley 212, que reformaría los artículos 86 y 87 de la Ley 30, que hace tránsito en el Congreso, contempla pasar del IPC a un indicador llamado ICES (Índice de Costos de la Educación Superior), que generalmente está por encima de aquel. A este inadecuado modelo de financiamiento se agregan el excesivo gasto de funcionamiento en las instituciones, despilfarro y fallidas inversiones en infraestructura y equipamiento, y hay que decirlo, desgreño administrativo, corrupción y los posibles efectos del Decreto 1279 de 2002, sobre puntos salariales a los docentes e investigadores.
Sobre la crisis de financiamiento baste citar la evaluación de la Contraloría General de la República, de mayo 21 de 2025, en la que se expone que las Universidades Nacional de Colombia, de Antioquía, del Valle e Industrial de Santander poseen, con corte a diciembre de 2024, un pasivo pensional que asciende a $8,3 billones, el cual se ha ido acumulando producto de los cálculos actuariales de cada entidad. El más importante es el de la Universidad Nacional ($4,5 billones). O la crisis que arrastra la Universidad de Antioquia, con una deuda que supera los $350 mil millones y la necesidad de recursos por $160 mil millones para cerrar este año.
En segundo lugar, es preocupante las recurrentes tensiones, conflictos y alteraciones del orden público causados por las consultas para la escogencia de rectores en las universidades públicas, las cuales terminan en los estrados judiciales, como sucede con la elección de rectores actuales en la Universidad Nacional, del Atlántico, del Chocó, y muy previsiblemente las próximas consultas en la Universidad de Córdoba y de Cartagena, entre otras.
En esa perspectiva es pertinente reflexionar sobre el prototipo de orden institucional que se ha ido construyendo en las universidades con este proceso, que implica la consulta a los estudiantes, profesores y trabajadores, y la posterior elección de rector por el Consejo Superior Universitario.
El papel que juega la universidad pública es esencial en el desarrollo y sostenimiento de la democracia. Los problemas que acusa merecen continuar con este análisis.