Bajo ese título, el reputado abogado Alfonso Gómez Méndez, en su columna habitual de El Tiempo, abordó un tema del que la clase política no quiere ocuparse a fondo, pues toca la sensibilidad de sus empresas electorales.
Mencionaba Gómez Méndez que en estos años de vigencia de la Constitución del 91, la experiencia ha demostrado que muchas de las instituciones que se diseñaron para mejorar o purificar la política, han producido efectos contradictorios, tal como ha ocurrido con la justificada supresión del bipartidismo, pues en la práctica lo que se logró fue acabar con los partidos y dar lugar a agrupaciones “sin sustancia ideológica, programática y organizativa, algunas lo más parecido a partidos de garaje, otras con la única misión de expedir avales, que en ocasiones se negocian sin ninguna responsabilidad política”.
En verdad que la ausencia de partidos fuertes ha debilitado la gestión de lo público y prostituido el ejercicio de la política, en la medida que se ha perdido la identificación personal con un partido sólido, que represente y defienda el ideario propio del talante de sus miembros.
Por su parte, la circunscripción nacional de Senado encareció la política, facilitó “el ingreso de dineros ilícitos a las campañas” dejando a muchas regiones del país “sin representación en el Senado como ocurre hoy, por ejemplo, con San Andrés, Chocó, Quindío y la llamada media Colombia (...) En cambio, hay municipios en la Costa que llegaron a tener dos y tres senadores, con entidades poderosas a su servicio”.
En igual sentido es infortunado el camino que tomó la creación del Consejo Nacional Electoral (CNE), que por el origen político de sus integrantes, siempre se le endilga la deslegitimidad de sus decisiones. Y en esa línea, las consultas para escoger candidatos, que se han tergiversado por completo. Tal como lo señala Gómez Méndez, en Estados Unidos, “en las primarias, equivalentes a las consultas, en la de los republicanos no intervienen los demócratas y viceversa”, lo que no es posible evitar por estos lares, en los que los de la izquierda pueden participar en la selección de los candidatos de la derecha, y viceversa, lo que tergiversa irracionalmente la realidad del temperamento e ideario de cada partido político.
Ni qué decir de la farsa de las firmas, en la que un ciudadano puede dárselas a varios candidatos, unos ideológicamente diferentes de los otros, como quien reparte dulces, lo que lleva a que cualquier aspirante se separe artificialmente de su partido para recoger firmas con el fin de aparentar un aire fresco o distante de su real vinculación.
Tal como lo señala Gómez Méndez, no se deben cambiar las normas electorales a mitad de camino, y con estas se elegirán el Congreso y el presidente.
Es conveniente entonces que, sin necesidad de una constituyente, en 2027 se reabra la discusión en torno de la real reforma política que se necesita.