El Gobierno viene sacando pecho por ciertos indicadores económicos que muestran una mejoría en la economía y en el empleo. Eso está muy bien, y todos tendríamos que celebrar tales logros.
Sin embargo, es también un deber señalar los riesgos que se ciernen en el horizonte y en cuestionar ciertas razones económicas ante la evidencia que exhiben determinadas realidades tan patentes que no es posible ocultarlas.
Análisis como el realizado por el Instituto de Estudios sobre la Cultura y la Libertad (ICP), indican que la “aparente recuperación económica de Colombia esconde un proceso de descapitalización que compromete la sostenibilidad del crecimiento. Si bien el PIB creció 2,1% y el desempleo bajó, los datos demuestran que este avance no está sustentado en inversión productiva, sino en un consumo dependiente de remesas y en un mercado laboral precarizado (…) De la misma manera, la inversión productiva crece muy por debajo del consumo, mientras la Inversión Extranjera Directa cayó 16,2 % en 2024, mostrando una profunda desconfianza”.
Por otro lado, cómo no referirse aquí al artículo “Economía traqueta”, publicado en estas páginas, cuyo autor, Simón Gaviria, toca un tema que suele ser eludido por los analistas, y es la influencia que tiene el narcotráfico en la economía nacional. Gaviria se pregunta cómo la combinación de una crisis fiscal y la caída de la inversión no se está traduciendo en la contracción del consumo interno, pues en teoría, Colombia debería estar atravesando una recesión profunda.
La respuesta a la aparente paradoja en gran parte, a su juicio, deviene del crecimiento de la coca en el país, el creciente poder del Clan del Golfo y la tesis de mano blanda del Gobierno. basa estas afirmaciones en el estudio de Daniel Mejía, quien reportó que en 2024 las rentas de la cocaína alcanzaron US$15.300 millones, cerca del 4,2% del PIB, superando los US$11.848 millones que entraron de remesas. “… Estos recursos ilícitos no solo se lavan en minería o importaciones ficticias: también terminan irrigando efectivo en barrios populares, financiando bienes raíces, y sosteniendo la demanda de bienes durables (…) la inversión extranjera directa cayó un 17% en 2024, y la inversión pública se paraliza por un déficit fiscal que ya bordea el 7,3% del PIB, la cocaína, artificialmente, mantiene a flote la economía”.
Los analistas económicos tendrían que considerar qué tanto nuestra economía se encuentra anestesiada por dólares ilegales, que aprecian el peso, distorsiona los precios relativos “e inyecta consumo que maquilla la debilidad estructural”.
Hacemos propia la pregunta de fondo ante lo anteriormente expuesto, en cuanto que si el país está dispuesto a tolerar que su ‘colchón’ económico provenga de un ingreso ilícito que genera violencia, destruye el tejido social y sustituye las inversiones productivas.