En julio de 2024, luego de diversas vicisitudes políticas, la Casa de Nariño presentó a regañadientes el proyecto de reforma constitucional al Sistema General de Participaciones (SGP) ante el Congreso de la República. Cinco meses después, o sea, en tiempo récord, fue aprobada por abrumadora mayoría en ambas cámaras en diciembre de ese año (Acto Legislativo 03 de 2024).
El preludio de ese logro lo provocó el mismo Gobierno, como una forma de apagar el fuego que encendió después de repudiar a los gobernadores y alcaldes de las regiones que no votaron por sus candidatos, y de varios desplantes a los nuevos mandatarios.
Los sabios capitalinos no aceptan que el 39,5 % de los ingresos corrientes de la nación vayan a las regiones, a pesar de que eso fue lo que se previó en el texto aprobado en la Constitución de 1991. Seguramente insistirán en aprovechar que el Acto Legislativo 03 de 2024 fijó un plazo gradual de 12 años, contados a partir de la aprobación de una ley de competencias, para lograr su completitud, lo que en la práctica significa que por ahora las regiones no verán las ventajas de dicha reforma constitucional.
En el camino una gestión es acordar con distintos sectores un texto de ley de competencias que refleje una relación gana-gana para las regiones y la capital, de tal manera que el centralismo deje de regir todas las realidades nacionales, pero que la cabeza del Ejecutivo cuente con los recursos suficientes para desplegar los actos de ejecución de los Planes Nacionales de Desarrollo, de tal manera que no caigamos en una crisis fiscal de imposible manejo, y de que no haya duplicidad de funciones, desde la óptica de Bogotá, y para que la corrupción no se trague los mayores presupuestos.
La voz de la Asociación de Ciudades Capitales (Asocapitales) será muy importante; desde allí se han alzado las voces exigiendo la descentralización, pero con garantías financieras, técnicas y jurídicas para su implementación efectiva, no sea que se transfieran competencias y obligaciones que hoy están en manos de la capital, pero no los recursos para llevarlas a cabo con suficiencia, criterios de gradualidad y autonomía territorial real.
Concordamos con el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano de la Rosa, en su reciente artículo en este diario, titulado “Veo la autonomía territorial”, en que además de lo anterior es necesario sacar adelante la aprobación de una nueva ley orgánica que dé vía libre a un referendo en el que se les pregunte a los ciudadanos del Caribe si quieren o no que su territorio se convierta en la primera región dotada de autonomía, como paso posterior a la ya constituirá Región como Ente Territorial (RET), lo que supone mucho más que la creación de puestos burocráticos: se trata de establecer un gobierno propio, con autoridades locales que entiendan y actúen sobre las más apremiantes necesidades de nuestra región.