Los datos que ofreció el gerente de Aguas de Cartagena (Acuacar), John Montoya Cañas, en reciente entrevista con este medio, sobre la importante inversión para optimizar el servicio de agua potable en la ciudad, merecen la mayor atención, singularmente en cuanto a los desafíos que suponen las conexiones ilegales, el mal uso del alcantarillado y los asentamientos humanos de origen informal.
Si los cartageneros podían tener medianamente claro el tamaño de la profusión de barrios informales, sus efectos positivos y los complejos, difícilmente pudieran imaginar que contemos al menos con 210 asentamientos. Como es natural, esa empresa considera que tal profusión constituye un impacto considerable en la presión de las tuberías, lo que se refleja en la rotura de varias de estas.
Lo que tenemos que considerar, y es en lo que ha llamado la atención Acuacar, es en las cientos de familias que viven en zonas no regularizadas, sin alcantarillado, en donde el agua que consumen termina filtrándose en el terreno, lo cual debilita progresivamente el suelo y reduce la capa que cubre la tubería, como es el caso de los Cerros de Albornoz, en el que los asentamientos pueden causar presión sobre las tuberías desde esa zona hasta la planta de procesamiento. Situación similar ocurre con Villa Corelca, La Boquilla y en las invasiones que se están expandiendo en la ciénaga de la Virgen y en toda la zona posterior a La Perimetral. Y para más preocupación, gran parte de estos asentamientos se encuentran en terrenos catalogados como de alto riesgo de remoción en masa, riesgo tecnológico (como Villa Corelca, ubicada bajo líneas de alta tensión) o riesgo de inundación, como las áreas cercanas a la ciénaga de la Virgen y el sector de bajamar de La Boquilla, que no parece haber voluntad de detenerse.
Un problema mayúsculo es, paradójicamente, derivado del cumplimiento de la ley, que no permite garantizar el suministro formal del vital líquido por la falta de legalidad de los predios, en los que, en consecuencia, se instalan piletas comunitarias, aun cuando en no pocas invasiones la comunidad arma redes artesanales que se convierten “en una maraña”, en palabras de Montoya.
Por supuesto, cuando no es posible cobrar el consumo, los costos recaen sobre la empresa en montos considerables, que finalmente suponen el deterioro en las metas de ampliación y optimización del servicio, por la reducción de las posibilidades de recuperación de lo consumido y debido.
Acompañamos a Acuacar en que es clave que el Distrito avance en la definición de zonas de riesgo dentro del Plan de Ordenamiento Territorial (POT), así como en que es importante definir qué piensa la ciudad sobre estas comunidades que ya están asentadas y las que siguen llegando.
Por nuestra parte, legalizar las ya asentadas y detener las que se siguen gestando, podría ser una posición sensata.