Hay que evitar a toda costa que el debate electoral por la Presidencia, iniciado antes de tiempo, se convierta en una campaña sucia.
Aunque desde hace varias semanas se lanzan o circulan mensajes oprobiosos, en los que se descalifica con saña y desprecio a diversos candidatos, el giro que tomó en esta semana es despreciable con el uso injurioso de las imágenes tergiversadas de los precandidatos Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella, con ataques desplegados mediante manipulación digital dirigida a generar desinformación, estigmatización y daño a la credibilidad en el debate democrático.
No puede negarse que tales falsedades también avivan sentimientos de discordia y confrontación que en nada se acompasan con los valores de un Estado Social de Derecho, pues exacerban los odios y los resquemores, convirtiendo a los adversarios en enemigos, manera vil de alejar las buenas maneras en el debate político.
Es un hecho que quienes emplean tan reprochables recursos saben que hay una masa que todo lo cree, o lo quiere creer, cuando los ataques provienen del candidato o partido de sus preferencias, o cuando benefician a su candidato porque son atacados líderes de otras facciones, regularmente usando falsedades, incluso con imágenes y textos manipulados, que a todas luces son mentirosos pero a las que los destinatarios de los mensajes les dan plena credibilidad.
La polarización, que en principio es inevitable cuando se acercan las fechas electorales, se exacerba a niveles que se salen de lo tolerable, al punto de gestar el potencial para suscitar los peores deseos o la ejecución de los más terribles actos, como cuando se pasa de la violencia simbólica a la violencia física.
Las bodegas realizan el más repudiable papel, pues en el fondo se monta o se contratan para delinquir, salvo aquellas que desempeñan una empresa decente. Pero cuanto se organizan o utilizan para injuriar, calumniar, crear infundios o tergiversar la verdad con el fin de dañar la reputación de una persona, grupo de personas o de partidos y movimientos políticos, o para atizar el odio en la sociedad, tendrían que ser objeto de persecución judicial, máxime si se financian con recursos públicos o provenientes de actividades ilícitas.
Buena la iniciativa de la Registraduría, que viene trabajando con la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC), en articulación con la Misión de Observación Electoral (MOE) y Colombiacheck, para combatir la desinformación que tiene el potencial de afectar la legitimidad de las instituciones y llevar a desestabilizar el sistema democrático.
A esa alianza podemos sumarnos los ciudadanos de buena voluntad, no solo denunciando; también negándonos a reenviar aquellos mensajes que son elaborados con la maldad de las malas personas, para quitarles fuerza a los tergiversadores de la verdad, vengan de donde vengan.