Recientemente, la Corte Constitucional emitió un fallo definitivo por el cual declaró constitucional la ley expedida en mayo del año pasado, que prohíbe las corridas de toros, cosa que se esperaba.
Lo que causó desconcierto en cierta parte de la población fue que extendiera la prohibición a las peleas de gallos, las cabalgatas y el coleo, pues existía el convencimiento de que el proyecto de cambio cultural frente a las tradiciones y prácticas se suscribiría solo a aquellas actividades y deportes que, para quienes hoy ostentan el poder político, practican los colombianos pudientes, esto es, la pesca deportiva y las corridas de toros.
Era apenas previsible que estas dos últimas actividades desaparecieran de la permisión estatal pues desde hace años no son bien vistas por los animalistas y, en general, por quienes no las practican. En tal sentido, que la prohibición se extendiera a festejos y tradiciones populares no se percibía como posible. Las nuevas tendencias han sido hacia la discriminación al revés; esto es, contra los usos y costumbres de quienes son vistos como herederos del poder económico.
Por fortuna, para todos los casos, la ley previó un periodo de transición de tres años dirigido a diseñar programas de reconversión económica para los afectados con el cese de las corridas de toros, y en tal sentido la norma comenzará su vigencia en 2027.
Los toros y la tauromaquia en nuestro país, salvo en Manizales y Cali, estaban llamados a desaparecer, tanto por las campañas animalistas como por el cambio de época, que ha llevado a las nuevas generaciones a sentirse más identificadas con una relación armónica hacia el medio ambiente. Por eso, antes de la existencia de la Ley 2385 de 2024, las exitosas corridas que se celebraran cada enero en la monumental plaza de toros de nuestra ciudad se fueron apagando hasta quedar exangües hace ya varios años. Sencillamente, no eran sostenibles pues la boletería solo alcanzaba a llenar el 10% del coso taurino.
Y en cuanto a las corralejas, es cierto que en muchas se celebran actos degradantes; o que en los toros el sufrimiento del rumiante fue apartando a las familias del espectáculo; o que los gallos suponen una violencia animal excesiva. Pero la solución encontrada, que es la prohibición, no puede quedarse solo en esto. Es indispensable que el Gobierno no solo presente un plan de transición económica y cultural, sino que lo ponga en práctica con recursos concretos y con asistencia social por un largo periodo, pues el Estado tiene derecho a dirigir la economía, pero no a destrozar sin solución la vida de miles de trabajadores que no cuentan con ingresos propios para adoptar otras fuentes de ingresos.
Si la solución es solo eliminar estas tradiciones, habrá que recordarles a quienes las están cegando, que no hace sino un poco más de medio siglo sus padres o ellos mismos estaban gritando “prohibido prohibir”.