Es muy difícil que una empresa de servicios públicos domiciliarios subsista sin que pueda recaudar con suficiencia los recursos derivados de sus ventas.
Ese es el caso de Afinia, empresa que durante el primer semestre de 2025 reportó un indicador de pérdidas del 25,7% en la ciudad, equivalentes a 64,63 GWh promedio/mes que se traducen en más de $64 mil millones. De ese total, aproximadamente $34 mil millones corresponden a pérdidas no técnicas; es decir, a fraudes en los que la ciudadanía consume la energía sin pagarla, ya sea mediante conexiones no autorizadas, la manipulación de los medidores o la alteración de las instalaciones eléctricas.
La empresa indicó que entre enero y agosto de este año se han identificado ya 23.287 irregularidades; las más detectadas son las acometidas directas por fuera de la medida, acometidas intervenidas, conexiones directas antes del medidor, manipulaciones al medidor, derivaciones a terceros, perforaciones al equipo de medida y redes paralelas.
Sorprende que esas acciones se han detectado en todo tipo de clientes, incluyendo viviendas del sector residencial, hospitales y colegios del sector oficial, y grandes consumidores en el sector industrial; los barrios con más casos son Olaya Herrera, sector Rafael Núñez, y El Pozón.
Esos fraudes van contra los intereses de los usuarios que sí son cumplidos en sus obligaciones, pues el deterioro de la caja de la empresa por causa de los fraudes de energía afecta el sistema eléctrico, perjudicando a todos los usuarios. Entre menos recaudo, menor capacidad de inversión para el mantenimiento y la modernización de las redes eléctricas.
Si a lo anterior se suma el hecho de que las pérdidas no técnicas deben asumirlas los usuarios del servicio de energía en un alto porcentaje, con el tiempo, quienes son cumplidos ven una carga mayor en el precio de la factura, lo que supone la continuidad de una gran injusticia, normada así desde que se expidió la regulación dirigida a hacer atractiva la licitación de las dos porciones en que se dividió el servicio para la Costa Caribe.
Para fortuna de los residentes en Bolívar, Cesar, Córdoba, Sucre y algunos municipios del Magdalena, a estos departamentos y municipios les correspondió Afinia como prestatario del servicio, empresa que es filial de EPM, poderosa matriz que ha soportado buena parte de las inversiones que ha hecho su subsidiaria para mantenerse solvente en el difícil mercado eléctrico nacional.
Independientemente de las razones que haya para criticar a las empresas de servicios públicos, es indispensable que cese la cultura del fraude y de la irresponsabilidad en el pago de lo debido por la energía que se consume.
Sumar esfuerzos entre las autoridades, Afinia y las comunidades para cambiar esa (in)cultura tendría que ser un compromiso ostensible.