En la semana que cierra se produjeron varios pronunciamientos que tendrían que despertar al Gobierno Nacional, pues se refieren a situaciones que directamente atañen a su competencia. De entre esas, escogemos dos por su altísimo valor, una interna y otra externa, que ameritan suspender el interés de escribir en X para sentarse a revisar en dónde se concentran los errores, si es que estos no son intencionales.
Por una parte, a nivel externo, este jueves el Parlamento Europeo expidió una resolución en la que condenó el asesinato del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, los ataques terroristas ocurridos en Cali, Antioquia y la masacre de al menos 80 personas en el Catatumbo a comienzos de este año.
En el pronunciamiento se advierte que estos hechos no son aislados, sino que forman parte de un clima creciente de intimidación política y violencia generalizada que golpea a civiles, líderes sociales, defensores de derechos humanos y periodistas, subrayando la preocupante expansión de nuevas modalidades de ataque, como el uso de drones explosivos por parte de grupos armados ilegales que, según el Parlamento, mantienen estrechos vínculos con el narcotráfico, la minería ilegal y otras economías ilícitas.
Agrega la contundente Resolución su inquietud por la polarización política y los discursos inflamatorios provenientes de la Presidencia y otros sectores que han profundizado la división social en el país.
La resolución del Parlamento también se refiere a la complicidad de autoridades venezolanas en el tráfico de cocaína hacia Estados Unidos y Europa, lo que incrementa la presión sobre la seguridad regional.
El Parlamento, al pedir al Consejo de la Unión Europea actualizar la lista de organizaciones terroristas señala directamente al Eln, las disidencias de las Farc (Segunda Marquetalia y Estado Mayor Central) y al Clan del Golfo, además de estructuras transnacionales como el Cártel de los Soles, en Venezuela, acusados de financiarse con narcotráfico, minería ilegal, extorsión y contrabando.
Por el otro, el presidente de la Corte Constitucional, magistrado Jorge Enrique Ibáñez, en sendos eventos públicos, hizo un balance sobre los 34 años de la Constitución y del papel que ha jugado la Corte en la democracia, anotando la preocupación porque los últimos dos años han notado retrocesos en los alcances, en los propósitos y en las metas que habíamos logrado como país, especialmente en materia de derechos económicos, sociales y culturales, lo que va contra el principio de no regresividad.
Ambos pronunciamientos denotan que estamos retrocediendo en fundamentales de la convivencia nacional, en temas tan sensibles que tocan las fibras de la existencia del país como República, pues el Estado no está garantizando a los conciudadanos elementos naturales o primigenios que lo legitimen.