Parece que Cartagena está llamada a luchar por su soberanía incluso hasta en nuestros tiempos. Resulta que ahora, desde el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, se preparan políticas que llevarán a que La Fantástica, casi en su totalidad, tenga que ir a consultar cualquier tipo de intervención en sus inmuebles y en sus espacios públicos por cuenta del ‘Plan Especial de Manejo y Protección (PEMP) del Paisaje Cultural Fortificado de Cartagena de Indias’, documento que delimita un área de protección de 43.729,21 hectáreas, en el que más de 20 mil son continentales y 23 mil marítimas; es decir, un territorio que va desde Punta Canoa hasta Barú, incluyendo Tierrabomba y el bajo de Salmedina. Una demarcación que va en su parte continental, desde la orilla de la bahía hasta 10 km hacia el interior.
Los decretos que regulan la protección de los Bienes de Interés Cultural (BIC) dejan muy en claro que quien hace la declaratoria del bien es quien está llamado a regular sus intervenciones, o sea, quien puede otorgar los permisos para su intervención. Para el caso del Paisaje Cultural Fortificado, la declaratoria es del Ministerio de las Culturas, por lo que tendremos la categoría de Bien de Interés Cultural de ámbito nacional, que el PEMP además lo demarca como Área Afectada.
Llevado a la práctica, esto implicaría que, para poder expedir una licencia de construcción en casi toda la ciudad, habría que contar con el concepto técnico o resolución motivada, dependiendo del caso, del Ministerio. Además, se necesitará permiso no solo para las obras nuevas, sino para obras de primeros auxilios, obras de mantenimiento, incluyendo hasta la reparación de la capa asfáltica y arreglo de andenes de los espacios públicos, con el agravante de que no hay norma específica para cada zona, solo para unos pequeños sectores, lo que dejaría al arbitrio del funcionario de turno, la toma de decisiones.
Sumado a lo anterior, este documento adoptaría en su totalidad la Resolución 043 de 1994, que regula el Centro Histórico, norma que es anterior al Plan de Ordenamiento Territorial y hasta el momento se trabajaban en conjunto; sin embargo, los PEMP modifican los POT, es decir, que una norma anterior al POT y que ni siquiera reconoce la actividad hotelera, borrará de un plumazo el Título VIII, relacionado con la normativa distrital del Centro de Cartagena, llevándolo a un pasado de más de 30 años, que nada tiene que ver con la realidad actual y que no visualiza el Centro Histórico como un motor de desarrollo.
Está clarísimo que nos enfrentamos a un desastre; a la súper centralización.
Es una nueva razón para unirse como ciudad, desde el alcalde y toda la sociedad civil, para pedir frenar este proyecto de resolución de inmediato; de lo contrario, quien terminará definiendo el suelo de Cartagena será el Ministerio de las Culturas o, en el peor de los casos, el sistema judicial.