Como lo mencionamos en editorial de junio pasado, cuando el Gobierno escogió como fecha para tomar posesión de Sanitas y la Nueva EPS, en las calendas por las que estábamos a las puertas de conocer la votación que llevaría al archivo del polémico proyecto de Reforma a la Salud, quedó en el ambiente de que no se trató -aunque pudo serlo-, de una decisión adoptada de buena fe y estratégica para mejorar el sector salud.
También se dijo aquí que el Gobierno nacional debía tener mucho cuidado sobre el destino que le daría a la administración de las EPS bajo su control, que en ese momento ya eran varias, así como de las explicaciones que tendría que darles a la ciudadanía, a la Procuraduría y a los jueces sobre las motivaciones, causas y fundamentos fácticos, técnicos y legales que sirvieron de base para arrebatar la gerencia, la dirección y gestión de estas entidades, a fin de asignarlas al control del Estado, que no es más que otra forma de estatizar el sector salud.
Varios meses después de esa intervención el Estado se ve obligado a devolver al Grupo Keralty la EPS Sanitas porque violó el debido proceso, evidentemente con tal de lograr su propósito de estatización de lo que no sabe hacer.
Pero resulta que también está pasando algo grave con la Nueva EPS según advertencia lanzada por la Contraloría General de la República sobre la situación financiera y administrativa tras un operativo de policía judicial realizado en julio pasado. La actuación permitió recaudar información que probaría que ha habido un incremento desmesurado de anticipos, facturas represadas, deudas en ascenso, contratos incompletos y deficiencias en la constitución de reservas técnicas, en cifras que comprometen seriamente su liquidez institucional. Y así, con muchas más irregularidades ocurridas desde que se inició la intervención estatal que comprometen la capacidad de la EPS para garantizar la cobertura a sus más de 10 millones de afiliados, con posibles responsabilidades fiscales, disciplinarias y penales.
Sin conocer qué va a pasar con la Nueva EPS ya por lo menos existe la amenaza de que el Estado -que en realidad somos todos desde el punto de vista económico-, el Grupo Keralty, socio principal de Sanitas, ya exigió al Gobierno Nacional la “reparación efectiva e inmediata” devenida de la intervención desacertada de la EPS, señalando que la restitución ordenada por la Corte es una demostración de que esa movida del Gobierno fue “una estrategia deliberada para desmantelar un sistema de salud que ha servido eficientemente a millones de colombianos”.
Es increíble cómo hasta la saciedad la experiencia demuestra que estatizar lo que maneja medianamente bien el sector privado suele llevar a la corrupción, la ineficiencia y la desidia, y se persista en ese propósito.
Ahora las preguntas son ¿quiénes responden por el daño propinado a Sanitas y por lo que ocurra con la Nueva EPS?