No se sabe si lo que siente el presidente contra los alcaldes de las principales ciudades del país, que se comprometieron a emprender una misión a Washington, es celos, rabia o es simplemente el ejercicio de la posición de jefe de Estado. Si es esta última, en principio, le acompaña la razón.
En efecto, dice el Numeral 2° del Artículo 189 de la Constitución Política, que corresponde al presidente de la República como jefe de Estado, jefe del Gobierno y Suprema Autoridad Administrativa dirigir las relaciones internacionales; por lo tanto, ningún otro funcionario tiene esa potestad. Mal harían los alcaldes de Medellín, Cali, Barranquilla y Cartagena en pretender suplantar al primer mandatario en esas funciones.
Pero esa no parece ser la intención de Federico Gutiérrez, Alejandro Eder, Alejandro Char y Dumek Turbay, quienes claramente han manifestado que el propósito no es representar a la Nación, sino darle cumplimiento a una de las conclusiones de la reunión realizada el 14 de agosto en el Palacio de la Aduana, en la que estuvieron varios alcaldes del país, los senadores estadounidenses Bernie Moreno y Rubén Gallego, representantes de los partidos Republicano y Demócrata, y el embajador John McNamara, sobre prioridades comunes de las ciudades colombianas, tales como el fortalecimiento de la cooperación internacional en cada capital, la promoción de inversión extranjera, el impulso a la generación de empleo y oportunidades comerciales, y acciones conjuntas para mejorar la seguridad en las ciudades.
Es correcto lo que están haciendo los alcaldes, en cuanto a que no van a Washington a hablar mal del país, sino a trabajar por sus ciudades bajo la comprensión de la importancia de fortalecer la relación con Estados Unidos, país del que, por ejemplo, proviene el 38% de los turistas que llegan a Cartagena
De hecho, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, anunció este sábado su decisión de no participar en la delegación que viajaría a Washington “... por compromisos de agenda...”, no sin antes defender la legitimidad de las gestiones internacionales de los mandatarios locales.
En todo caso, debe quedar claro, en documentos, cuál será el papel de quienes viajen, sobre todo de cara a las intimidaciones del presidente, que muestran su disposición a emprender acciones legales contra los mandatarios que insistan en el viaje.
Y es que, si la gestión se va a limitar a lo que está permitido en la ley a los alcaldes, sin que ello suponga la vulneración de las competencias presidenciales, nada deben temer y el presidente tampoco, quien no debe dar la impresión de ser un hombre ‘ardido’.
Si esto último fuera así, las intimidaciones de Palacio sobre los alcaldes estarían obedeciendo a las desavenencias que el jefe de Gobierno ha mantenido con estos, y viceversa, no por razones de orden administrativo, sino de índole claramente político.