No pocos cartageneros quedaron impávidos cuando conocieron la noticia de la suspensión, por orden judicial, de las intervenciones que la Alcaldía de Cartagena estaba ejecutando para la recuperación en ocho instituciones educativas públicas de la ciudad, que beneficiarían a más de siete mil estudiantes.
Parecía increíble que un juez hubiera ordenado, dentro del trámite de una tutela, la suspensión de las obras mientras resolvía de fondo el petitum de la accionante.
Más desconcierto y molestia causó cuando se percataron de que la accionante pertenecía al mundillo político local, con lo cual surgió la percepción, seguramente equivocada, de que se trataba de un intento de bloquear a la Administración en lo que claramente sería un nuevo logro en materia de mejora de condiciones materiales educativas de una institución de enseñanza pública.
Por fortuna, el fallo judicial negó la tutela interpuesta, la cual argumentaba la presunta falta de un plan de continuidad educativa durante las intervenciones, lo que permitió que la Alcaldía reactivara las obras en los ocho colegios públicos.
El Distrito señaló que la Secretaría de Educación Distrital demostró que sí existe una estrategia para garantizar el calendario académico, con medidas como reubicaciones temporales, jornadas mixtas, clases virtuales, entrega del PAE en los nuevos puntos y un cronograma de obras por fases para reducir afectaciones.
En todo caso, conviene revisar muy bien la línea de planeación de los proyectos, para evitar el tipo de discusiones que se promovió en el decurso de la referida acción de tutela; queremos creer que la accionante obró de buena fe, y no tenemos razón para pensar lo contrario; pero este tipo de actuaciones, que no consideran los intereses superiores de los presuntos afectados, en este caso, los integrantes de los estamentos escolares, en cuanto a que cualquier suspensión podría mantener el riesgo de deterioro de las aulas y otros ambientes escolares y, por el contrario, se centran en argumentos válidos pero subalternos frente a esos bienes superiores, pueden percibirse como estrategias politiqueras para detener el ritmo de la administración distrital, aunque no sea así, pues es factible que lo que se buscaba era exigir que la contratación distrital cumpliera principios ineludibles, como el de la realización de estudios previos exhaustivos dirigidos a la identificación, estimación y distribución de riesgos para evitar contratiempos, elaborando un cronograma de ejecución acompañado de la previsión de los riesgos que pueden surgir en cada etapa, tal como lo anota Agustín Leal en columna publicada en Revista Metro.
En todo caso, al final quedó en el ambiente que la tutela volvió las cosas a su cause normal, aleccionado tácitamente en cuanto a que nadie debe usarla para trabar la marcha de la administración distrital por razones políticas.