No es fácil comprender las razones por las cuales quienes participaron activamente en el estallido social con ocasión de la presentación de un proyecto de reforma tributaria, lo que llevó a la presidencia a Gustavo Petro Urrego, acepten con naturalidad una propuesta de ley de financiamiento mucho más ambiciosa, que ha sido presentada esta semana ante el Congreso de la República.
Tal vez se deba a que el presidente ha defendido la nueva reforma, para recaudar $26,2 billones en 2026, alegando que solo afecta a los más ricos del país y no a la clase media, esto es, “… Dividendos, disminución de impuestos a empresas, alza en herencias, impuestos por fusiones empresariales, hidrocarburos, solo comestibles venenosos a la salud, vehículos de energías fósiles, reducción de impuestos a las energías limpias”, según sus palabras.
Sin embargo, gremios y expertos señalan que la propuesta del Gobierno afecta gravemente la economía de las clases media y trabajadora, al gravar bebidas alcohólicas, actividades de entretenimiento, IVA a los combustibles (lo que implica impuestos al transporte público, a los alimentos y a la canasta familiar), y más impuestos para empleados.
Reconoce el presidente que esta reforma afecta a las personas naturales, pero a las “que se llevan la plata a los paraísos fiscales, no para el pobre trabajador”, una frase que no es fácil de compartir, pues podría un simple observador imaginarse que no deben ser muchas las personas que han trasladado recursos obtenidos en el país, a paraísos fiscales, pero que la reforma en cambio sí llegará al bolsillo de mucha gente que no clasifica en esas ‘ligas mayores’.
De la lectura de los 95 artículos del proyecto puede colegirse que le tocará el bolsillo a muchos colombianos que, sin ser pudientes, deben adquirir combustibles, o boletas para espectáculos, o contribuciones a sus iglesias y, en general, cambios duros a los impuestos de renta, IVA, consumo, patrimonio, ganancias ocasionales y ambientales.
El ministro de Hacienda ha asegurado que la iniciativa va dirigida a superar las condiciones particulares de inflexibilidades del gasto, razón por la que no solo cubrirá las necesidades fiscales de 2026, sino que se garantizará estabilidad en el mediano plazo.
Sin embargo, no será fácil que el Congreso apruebe la propuesta en tiempos de campañas, pero aún más porque hay en el ambiente la justificada percepción en cuanto a que el desequilibrio fiscal no debería resolverse extrayendo más recursos de los contribuyentes cumplidos, a los que siempre les cae el Gobierno, sino con eficiencia en el gasto, disminución de la nómina inoficiosa, ejecución más estratégica; o, como lo afirmó tal vez el más duro de los críticos, el exdirector de la DIAN, Luis Carlos Reyes, la discusión central debe recaer en la eliminación de la corrupción dentro de las instituciones, la evasión y el contrabando.