En estos días cursan los trámites para dos procesos de elección que normalmente no merecerían comentario editorial. Sin embargo, los movimientos que públicamente se han conocido sobre estos obligan a no sustraerse de las discusiones que agitan a la opinión pública.
El primero de estos es la crisis que se ha revelado en el concurso para elegir nuevos notarios, que atraviesa un momento crítico tras la renuncia de dos integrantes del Consejo Superior de la Carrera Notarial (CSCN), dimisión que se oficializó el 19 de agosto mediante comunicación enviada al Ministerio de Justicia, la Corte Suprema de Justicia y la Procuraduría, lo que se reconoce como un hecho inédito en la historia de este órgano colegiado, despertando serias dudas sobre la legalidad y transparencia de ese proceso.
El mencionado trámite fue diseñado para garantizar que los cargos se adjudicarían bajo un esquema meritocrático y de transparencia; pero las renuncias de los últimos días indicarían que ese camino no se estaría recorriendo. Esta situación en medio de la situación política por la que atraviesa el país y de cara al próximo debate electoral, amerita sentarse a revisar el proceso para despejar las dudas que sobre este existen.
Por otra parte, está la elección del reemplazo del magistrado José Fernando Reyes Cuartas, cuyo periodo en la Corte Constitucional finalizará en los próximos días, correspondiéndole esa responsabilidad al Senado de la República, de terna remitida por la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia.
Preocupa que, próximos a elección, se hayan despertado tantas fuerzas políticas a discutir sobre quién conviene, no desde la óptica del mundo del derecho o de las leyes, sino desde la militancia política.
Es que en los últimos días los llamados no son para elegir a quien puede hacer el mejor papel por sus conocimientos y experiencia jurídica, sino sobre quién ofrece mayores garantías a las distintas facciones en que se divide la confrontación que mantiene al país en una creciente polarización.
El colmo de esa confrontación la dio el presidente de la República ayer, al afirmar en un trino, respecto de dicho nombramiento: “La elección del la (sic) nueva magistrada o magistrado definirá todo el cuadro de alianzas en el Congreso de la República. No podemos ceder a quienes han apoyado el fascismo”.
El presidente, como correspondía a la dignidad del cargo que ostenta, no había hecho mayores pronunciamientos en público sobre la referida próxima elección. Esa interferencia del Poder Ejecutivo no es correcta.
La elección la hará el Senado, una instancia que, aunque política, tendría que pensar en priorizar cuál es el papel de un magistrado de la alta Corte, y no deberían sobreponerse intereses subalternos. Desde esta región se espera que la bancada Caribe se inspire en esa señal por encima de cualquier otra consideración.