El reciente episodio en la vereda Nueva York, en El Retorno (Guaviare), donde 33 militares fueron secuestrados por la comunidad en medio de un operativo contra las disidencias del autodenominado Estado Mayor Central (Emc), vuelve a evidenciar el laberinto de violencia y abandono en que viven miles de campesinos en la Amazonía colombiana.
Al parecer, y según ha dicho el mismo presidente Gustavo Petro, la situación se detonó por la muerte de un civil en medio de hechos que son materia de investigación. De cualquier modo, la liberación de los soldados, alcanzada gracias a la mediación de la Defensoría del Pueblo, la ONU, la OEA y la Iglesia, fue un desenlace pacífico en una región que suele ser escenario de confrontaciones sangrientas. Sin embargo, la reacción del presidente Petro a través de su cuenta en X plantea un grave problema que va más allá de la coyuntura militar.
Al pedirle al campesinado del Guaviare “abandonar el apoyo al traquetismo armado”, el mandatario redujo a una frase el drama de comunidades enteras que sobreviven entre el fuego cruzado, sometidas a la presión de los grupos ilegales y a la indiferencia del Estado. No se trata de poblaciones que libremente hayan escogido un bando: se trata de familias que no tienen condiciones reales de autonomía y que, como señaló la defensora del Pueblo, Iris Marín, viven bajo el miedo, la coacción y la ausencia total de garantías.
En este contexto, calificar a los habitantes como aliados del “traquetismo” es peligroso. Que la máxima autoridad del país los señale de manera pública, puede convertirlos en blanco de represalias del bando contrario, y termina estigmatizando aún más a quienes ya cargan con el estigma de vivir en zonas de conflicto.
Palabras así, lejos de acercar soluciones, profundizan las brechas entre Estado y comunidad, debilitando la confianza en las instituciones.
Es cierto que los militares fueron secuestrados: los retuvieron en contra de su voluntad, en una acción reprochable que merece investigación y sanción; pero también es cierto que el lenguaje del presidente no puede desconocer la vulnerabilidad de una población a la que su gobierno, como seguramente los anteriores, no ha protegido.
Si algo quedó claro con lo ocurrido en Guaviare es que los campesinos están solos entre dos fuegos, sin la presencia estatal que les garantice seguridad, justicia y oportunidades.
El Estado existe para defender a sus ciudadanos, no para ponerlos en riesgo con afirmaciones ligeras. En tiempos de tanta polarización y de un conflicto abierto y recrudecido, el peso de las palabras puede ser cuestión de vida o muerte para comunidades indefensas. Gobernar exige más que mensajes en redes sociales: exige prudencia y presencia efectiva en el territorio.