Cada gobierno deja una impronta con lo que fueron sus principales logros y fracasos. Si de estos últimos se trata, regularmente relacionados con casos de corrupción, incuria, negligencia o ineficiencia, al concluir el actual cuatrienio, tal vez los más recordados serán, en corrupción, el escándalo de la UNGRD; de incuria, la muerte por hambre de los niños en La Guajira y en otros departamentos; de negligencia, la pérdida de la sede de los Juegos Panamericanos 2027 para Barranquilla; y por ineficiencia, el de la contratación de la confección y suministro de los pasaportes.
De esta, todo se inició cuando, contra todo sentido jurídico, en 2023 el entonces canciller, Álvaro Leyva, decidió suspender, por sí y ante sí, el contrato con Thomas Greg & Sons, empresa que en los últimos 17 años se había encargado de ese suministro, para lo cual alegó que en la última de las licitaciones no hubo libre competencia, pero ese ministerio careció de la eficiencia para sacar adelante una nueva licitación, lo que obligó a declarar la urgencia manifiesta para superar los riesgos de la suspensión de la emisión de nuevos pasaportes.
Posteriormente, a la salida del ministro Leyva, se ofreció la promesa de solución para que los colombianos no se quedaran sin la importante libreta, un acuerdo internacional con Portugal a pesar de las advertencias de la entonces canciller Laura Sarabia, quien señaló la ausencia de capacidad técnica de la Imprenta Nacional para tales fines. Hubo que acudir, otra vez, a la urgencia manifiesta hasta el 30 de abril de 2026 para garantizar la expedición de pasaportes con Thomas Greg & Sons mientras se implementa el nuevo modelo.
Aunque se ha prometido que a mediados del próximo año el Gobierno pondrá en operación el nuevo modelo de producción, la sucesión de tropiezos -no se sabe si vergonzosos o risibles, o ambos- da para pensar en que tal vez esto no sea posible.
La ineficiencia en este propósito es tal que la Procuraduría acaba de ampliar la investigación debido a presuntas irregularidades en el manejo del contrato, incluyendo a la nueva canciller.
Y es que si el problema se resuelve el próximo año, las cargas económicas que pueden caer contra el Estado, esto es, contra los contribuyentes, podrían ser millonarias si Thomas Greg llegare a probar que la terminación unilateral de su contrato fue ilegal.
Ni Leyva, suspendido del cargo por este motivo, ni sus sucesores, Murillo y Sarabia, pudieron arreglar el entuerto, lo que ha sido objeto de numerosas críticas, incluso de Sarabia.
El caso de los pasaportes seguro será usado en las universidades como modelo de todo lo que no se debe hacer en el ejercicio de la gestión pública. Y eso que aún falta que nos cuenten cuál fue la verdadera razón por la que en el alto Gobierno se tomaron esas determinaciones.