Resulta de la mayor importancia la alianza por la cual la Alcaldía de Cartagena, el sector privado y la cooperación internacional han comprometido recursos por más de $400 mil millones de pesos para la modernización y mejoramiento de los ambientes de aprendizaje en las instituciones escolares públicas de la ciudad.
Es cierto que nunca antes se había hecho una intervención de esta magnitud en los colegios públicos de Cartagena. De hecho, ya van más de 50 instituciones intervenidas, con lo cual se ha dignificado la infraestructura educativa que llevaba decenios de olvido, algunas de ellas en estado ruinoso al iniciarse la actual administración distrital
El diseño e implementación del Plan de Rehabilitación de Ambientes Escolares ha funcionado tanto en sedes principales como alternas de diversas instituciones educativas, a lo que se suma la proyección para construir cinco nuevas instituciones con inversión mayor a los $170 mil millones
El secretario de Educación, Alberto Martínez, en columna de opinión en nuestra sección web, mencionaba que había la impresión de que al alcalde Turbay y a su equipo les gusta demasiado el cemento, anotando que es el mismo cemento que, por décadas, se le negó a las escuelas públicas de la ciudad y que hoy están empeñados en devolverle con una inversión histórica, vía crédito, recursos propios y regalías, que ya compromete más de 350 mil millones de pesos, para que las aparentes moles reciban estudiantes de primera infancia, tengan las mejores bibliotecas de la ciudad y se vuelan universidad por las noches.
De igual manera, indica que el Gobierno Distrital no invierte solo en cemento y que, de hecho, es lo que menos hace, considerando, por ejemplo, que el presupuesto del Dadis, la Secretaría de Educación y la Secretaría de Desarrollo Social para la vigencia 2025 suman 2,3 billones de pesos, de los cuales 43 mil millones de pesos están destinados a obras de concreto, es decir, 1,7 pesos de cada 100. El resto, que equivale al 98,3%, es pura inversión o gasto social (aseguramiento, servicio educativo y atención a población vulnerable).
Tiene razón el secretario Martínez; y cabría mezclar su artículo con el de Bernardo Romero, titulado ‘La innovación social’, en el que sostiene que un factor determinante para lograr cambios en el comportamiento de la población es el desarrollo de políticas públicas a largo plazo, en el que las obras materiales se realicen a la par de programas sociales y pedagógicos, con lo cual se asegura la integralidad que debe existir entre los avances de infraestructura y la formación ciudadana.
Romero propone la formulación y ejecución de un Macroproyecto de Innovación Social, que revise los actuales hábitos para desaprender aquellos que perjudican la convivencia colectiva, y por el contrario cree oportunidades de reaprender mejores conductas por quienes aquí residimos.