La cultura de la tributación, esto es, el compromiso de pagar a tiempo los impuestos y hacerlo, excusados quienes pasan por periodos temporales de iliquidez o de insolvencia, supone el trato equitativo del ente recaudador frente a los contribuyentes.
Esta cultura se ve averiada cuando el Estado, singularmente el local a través del Impuesto Predial Unificado (IPU) o el de Industria y Comercio (ICA), expide con frecuencia amnistías dirigidas a condonar o reducir intereses a quienes, sin padecer de esas iliquideces temporales, esperan a la próxima oportunidad ofrecida para acogerse al pago del capital con remisión total o parcial de intereses o sanciones.
Las rutinarias rebajas a los morosos consuetudinarios emiten un mensaje desalentador para los contribuyentes cumplidos, quienes ven que sus esfuerzos y compromisos con el pago oportuno de los tributos, cuya mora conlleva el pago de onerosos intereses y multas, en la práctica pueden eludirse en la siguiente oportunidad de condonaciones.
La compasión siempre será un atributo de la personalidad decente, y también puede serlo para el Estado, pero esa compasión podría ser más inteligente. Por ejemplo, en el caso de los contribuyentes morosos, podría operar siempre y cuando el interesado pueda probar, así sea sumariamente, que está en dificultades temporales que le impiden cumplir sus obligaciones dinerarias. Por supuesto, no podría confundirse con figuras prexistentes, como las relativas a los trámites por insolvencia de persona natural o de personas jurídicas, con sus configuraciones propias.
Pero en materia tributaria podrían ingeniarse sistemas de verificación de información que el ciudadano esté dispuesto a compartir con las entidades recaudadoras de impuestos, para probar las causas por las cuales no pudo pagar a tiempo el respectivo impuesto, sin necesidad de acudir a aquellas figuras complejas derivadas de los procedimientos mercantiles.
Las prescripciones masivas de la deuda tributaria constituyen un desestímulo al buen pagador. En tal sentido, son mucho más justas aquellas normas que se expiden como incentivos por pronto pago, con descuentos más generosos a quienes se acojan a esas gabelas tributarias.
La actual administración de Hacienda está haciendo importantes esfuerzos para mejorar la cultura tributaria y la eficiencia del recaudo. Centrar los esfuerzos en los malos pagadores y no en aquellos que sostienen la formalidad, que son a los que suele caerles el peso de la inspección, vigilancia y control de Hacienda, recargando sobre los sectores más formales de la economía la tributación efectiva, abre cada vez más la puerta a la informalidad, con el riesgo de que simplemente se pretenda mejorar la financiación de los gastos del ente territorial a costa de la viabilidad de las empresas y de los contribuyentes cumplidos.