El presidente tiene predilección por el ataque verbal y la discriminación contra los colombianos que son empresarios, u opositores, o excolaboradores, o periodistas y a los medios de comunicación. Sus diatribas suelen ser ofensivas, al punto que algunos las ven como llamados de guerra y confrontación directa entre los gobernados.
A pesar de esa deliberada deriva a romper la armonía nacional, lo cierto es que sólo hasta ahora, a escasos 11 meses para entregar su mandato, es que muestra pasos que conectan esas diatribas con la acción.
En efecto, si hoy solo escogemos uno de los sectores materia de sus recurrentes escarnios con el fin de interpretar su pensamiento, el del periodismo, habría que decir sin ambages que nunca un medio de comunicación había sentido tanto el peso de amenazas concretas y posibles de su antipatía como el Canal 1, pues hasta ahora, que sepamos, no había pasado de las palabras insultantes.
De hecho, en El Universal hasta ahora no hemos recibido alguna clase de presión o de mensaje intimidante o amenazante del Gobierno ni de ninguno de sus representantes. Tenemos que reconocer que ni aún ante pronunciamientos editoriales que se han hecho de manera directa contra lo que hemos considerado evidentes equivocaciones, incumplimientos, malversaciones y desaciertos concretos de integrantes de la alta Administración central, ningún vocero del Ejecutivo ha intentado acallarnos o intimidarnos ni aún veladamente.
Pero el pronunciamiento hecho por el presidente en el consejo de ministros transmitido la noche de este viernes, 15 de agosto, en el que ordenó al ministro de las TIC iniciar la licitación del Canal 1 a pesar de que la concesión actual está vigente hasta 2037, sin más argumentos que el de desear una nueva forma de manejar la televisión, para que esté en manos de las “juventudes, de la gente del arte y la cultura”, y no del gobierno ni de “potentados económicos”, es la excusa perfecta para quienes le siguen ciegamente, por razones ideológicas, pero es el caso que no cumple con los mínimos que contempla el Estado Social de Derecho, que también rige los actos de quien encabeza el órgano Ejecutivo.
Frente a la grave amenaza, que no puede ser percibida solo contra el Canal 1, sino contra el sistema general de medios, prensa, información y opinión pluralista y democrática que rige en el país, en donde buena parte de estos son manejados por el Gobierno o, incluso, por el presidente, tal como lo confesó recientemente al afirmar que había construido una poderosa red de comunicaciones para competir con los medios tradicionales, la orden presidencial puede interpretarse desde diversas visiones.
La peor de todas ellas es que quiera cerrar el cerco a la libertad de expresión para preservar el poder en 2026. De los pasos que dé las próximas semanas dependerá si esta tesis resulta una percepción descabellada de sus opositores.