Conforme con el vaticinio que en aquel entonces veteranos juristas hicieron, desde el momento en que la Corte Suprema de Justicia validó, contra toda probabilidad, las interceptaciones ilegales al expresidente Álvaro Uribe, hace ya algo más de seis años, en que pasó de denunciante a investigado, su condena resultaba prácticamente ineludible.
Tal como se dijo por no pocos opinadores, durante el mandato de ocho años del expresidente, en el que se denunciaron interceptaciones a magistrados de la Corte Suprema de Justicia, esta corporación se convirtió en su opositor más importante, y desde entonces quedó marcada una animadversión entre semejantes poderes, que hicieron irrecuperable cualquier atisbo de reconciliación.
Por eso, para no pocos expertos, la condena al expresidente no debería sorprender a un buen opinador, independientemente de la valoración que de las pruebas hiciera el juez del conocimiento, que en este caso resultó ser Sandra Liliana Heredia, la jueza 44 Penal del Circuito de Bogotá.
Esas opiniones no pueden llevar a considerar que la jueza Heredia ha obrado con ánimo protervo; por el contrario, su despacho brindó a todos los sujetos procesales la oportunidad de expresarse con libertad, recaudando sin remilgos todas las pruebas que se pidieron o aportaron, sin que se percibieran sentimientos que perturbaran su tranquilidad o la debida neutralidad, lo que hace muy difícil cuestionar la probidad o seriedad de su conducta.
Por supuesto que la importancia del caso, debido al personaje que es su protagonista, hacía inevitable la percepción de la intromisión de la política o la ideología en sus resultados.
Salvadas esas opiniones, lo cierto es que prima el deber de acatar el fallo a todos los sectores de opinión. Y a los defensores del expresidente y a este, el derecho a apelarlo para que la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá revise su contenido en segunda instancia.
Mientras ese momento llega, esto es, el del pronunciamiento de segunda instancia, ninguna agitación que pase de la expresión de opiniones pacíficas debe patrocinarse o admitirse. El respeto a las decisiones judiciales debe primar, y la confianza en la justicia colombiana debe prevalecer. Finalmente, está probado que, muy mayoritariamente, la verdad sale a flote, así sea en los trámites de casación, con lo cual, si al final se confirma la responsabilidad penal del expresidente Uribe, cerrándose por cosa juzgada de última instancia cualquier discusión judicial posible, habrá que aplaudir la entereza que la jueza Heredia ha tenido al dictar la sentencia que se conoció ayer, lunes.
Si, por el contrario, la última instancia posible revoca la condena, en caso que no opere la prescripción del caso en octubre próximo, el daño entonces causado a la dignidad del expresidente encontrará su resarcimiento, y la justicia volverá por sus fueros.