Hay mil razones para recibir con profunda prevención todo lo que rodea al memorando de entendimiento para crear una zona económica binacional entre Venezuela y Colombia, conforme con lo que presentó el presidente de Venezuela este miércoles en su programa de televisión, en el que afirmó que en la primera zona estarán los estados del Táchira y Zulia, de su país, y Norte de Santander, Cesar y La Guajira, por Colombia.
Para empezar, desconcierta que el presidente Petro no haya hecho un ejercicio similar ante la población colombiana, como le correspondía, y que semejante paso lo hayamos conocido por el jefe de un régimen que ha expulsado ya a ocho millones de venezolanos y mantiene en prisión, por razones políticas, a decenas de opositores, sin mencionar las demás acusaciones que pesan sobre la cabeza de sus más importantes dirigentes.
Desde 2022, Caracas ha insistido en la creación de una zona económica en la frontera con Colombia. Idealmente, sería una buena iniciativa en términos de hermanamiento entre dos naciones fronterizas; pero en nuestro país se había descartado la idea por esos miles de razonamientos que la hacían o la hacen inconducente, negativa que se ha agravado aún más con el deterioro del orden público en el Catatumbo y otras zonas de frontera.
En efecto, los temores de que se balcanice ese territorio se agudizan con la protección que el régimen venezolano les brinda a grupos que siembran la violencia en ambos lados de la frontera. Sería entonces una buena idea si allí se estuviera viviendo en un estado de mediana normalidad, lo que no ocurre.
Con razón, para no pocos expertos, las Zonas Económicas Especiales (ZEE) de las que viene hablando Maduro, podrían ocultar el propósito de legitimar operaciones y acuerdos con el crimen organizado, algo que tendría que dejarse muy claro en este lado de la frontera.
Nuestro Gobierno no sólo no ha despejado esas legítimas dudas, sino que las ha profundizado al convertir como vocero autorizado del tema al controversial jefe de Gabinete, Alfredo Saade, sin que los ministerios sobre los cuales recaería la responsabilidad de implementar los acuerdos hayan explicado la naturaleza de estos ni de las repercusiones que tendría en diversos aspectos, como los jurídicos, económicos, logísticos, militares y de compartimiento de inteligencia. Y mientras en Venezuela, Maduro habla con libertad y orgullo sobre el plan, acá parece que están apenados de revelarlo.
Es inquietante que, justo cuando la frontera está sujeta a la mayor violencia que se viviera en años, surge esta propuesta como si nada grave estuviera ocurriendo allí, y se dieran las condiciones ideales para ese compartimiento binacional.
La prevención que existe está justificada por los hechos. El presidente y su equipo están llamados a demostrar, también con hechos, que no se está dando, deliberadamente, un salto al vacío.