Imposible sustraerse de la respuesta que la Contraloría General de la República dio a las declaraciones del presidente Gustavo Petro en el más reciente Consejo de Ministros sobre el megaproyecto de Restauración de los Ecosistemas Degradados del Canal del Dique, en el que hizo críticas a las obras, que en su criterio van a limpiar la bahía de Cartagena, pero dejan de lado a otras comunidades.
De paso, el presidente se refirió a la decisión de la Corte Constitucional que declaró inexequible un artículo relacionado con el cobro de obras o vías públicas en operación en el Plan Nacional de Desarrollo.
El argumento, de puro estirpe ideológico, pero carente de todo sentido común y, peor, de la debida información que corresponde a quien ostenta el cargo más importante de la Nación, reside en que los “... señores de la Bahía de Cartagena pueden pagar la obra al menos, pero sale la Corte Constitucional a decir que se prohíbe un principio fiscal universal del Estado Social de Derecho”.
Es decir, que el presidente no se ha enterado que los señores de la Bahía de Cartagena, pero tampoco el resto de ciudadanos que, en la mente del presidente, no son señores, no son quienes causan el daño horroroso y permanente a la Bahía y a las comunidades que, en su opinión, quedan de lado si se ejecuta el indispensable proyecto.
Debería estar enterado el presidente, a estas alturas, lo mismo que quien en este momento esté ejerciendo el cargo de ministro de Ambiente, que toda la porquería que se lanza desde donde el Magdalena se encuentra con el primer municipio en su largo recorrido hasta encontrarse con el Canal del Dique, junto con tantos desechos de la naturaleza, son los que propinan ese daño, y que Cartagena de Indias, con todos sus habitantes, independientemente del estrato, son quienes reciben esas inmundicias nacionales que escupe el Canal.
Aunque en la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) deben tener claro cuáles son los beneficios que tendrá este proyecto no solo para Cartagena de Indias, sino para 18 municipios más de Bolívar, Atlántico y Sucre, estuvo bien que la Contraloría General se lo hubiera recordado. La clave es que ese oficio lo lean también en la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, en el Ministerio de Ambiente y en Palacio, en donde tal vez no estén conscientes que en los documentos de estructuración del proyecto, la iniciativa es “de importancia estratégica para la Nación” y “va mucho más allá de la descontaminación de la Bahía de Cartagena”.
¿Importan en Presidencia los grandes beneficios sociales y económicos a los más de 1 millón 500 mil personas ubicadas a lo largo de los 116 kilómetros de longitud del Canal del Dique, que traerá el proyeto? Tal vez no, porque después de escuchar al primer mandatario, parece quedar claro que es más importante la ideología que la realidad.
¡A este ritmo, habrá que esperar al próximo Gobierno!