El ministro de Justicia se apresta a presentar, este 20 de Julio, en la que será la última legislatura del Gobierno del presidente Gustavo Petro, el proyecto para autorizar a capos de bandas criminales a participar en la ‘paz total’, después del concepto favorable que otorgó el Consejo Superior de Política Criminal el pasado viernes.
El proyecto de ley contempla la posibilidad de que narcos reconocidos y miembros de sus organizaciones criminales, quienes en otras circunstancias jamás recibirían beneficios con penas alternativas de entre cinco y ocho años establecidas en la vieja Ley de Justicia y Paz, que se expidió para apaciguar a los paramilitares en la época de Uribe, y que en términos normales recibirían no menos de 40 años cárcel; incluso, las gabelas se contemplan hasta para los criminales reincidentes, en zonas de ubicación, granjas penales o centros denominados ‘de armonización’, extensible con desconcertantes beneficios hasta para los desertores de la paz pactada con Juan Manuel Santos, de entre los que se encuentra ‘Iván Márquez’.
En el Consejo Superior de Política Criminal por supuesto que no hubo unanimidad. No es fácil entender qué hay en la mente del Gobierno, que ve con necesidad irrenunciable el desprecio por la ‘maldad’ y el castigo contra empresarios, gremios, periodistas, opositores, exministros y funcionarios actuales del equipo, pero laxitud, comprensión, compasión y magnanimidad frente a quienes optaron por la vía del delito, la sangre y la violencia.
Es difícil confiar en las palabras del ministro de Justicia en cuanto a que no están construyendo una alambrada de impunidad con esa mezcla de “justicia tradicional y sometimiento a la justicia” para desbaratar organizaciones al margen de la ley, y brindar protección a las víctimas del conflicto armado.
Y no es fácil aceptar la bondad del proyecto justo en la semana en que el saliente jefe de la Misión de Verificación de la ONU presentó el informe trimestral sobre Colombia ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, exponiendo una dura crítica al actual Gobierno por su manejo de la política de ‘paz total’, debido a la falta de liderazgo frente a la persistente violencia en el país, señalando que las negociaciones simultáneas con múltiples grupos armados están generando incentivos para que estos aumenten sus ataques contra la población civil.
Y, aunque destacó que el acuerdo de paz ha sido clave para abrir espacio a la participación política y para que cada vez haya más voces que rechazan la violencia política, también lamentó la presencia restringida de instituciones en diferentes regiones del país, en donde los beneficios de la paz siguen siendo limitados.
El Gobierno tiene que comprender que en el ambiente hay la sospecha de que esas gabelas son para pagar el apoyo en la pasada campaña o para asegurar el respaldo en 2026.