En la etapa en la que está entrando el país, configurado por una creciente crispación política, singularmente porque las campañas para 2026 ya comenzaron, el Gobierno tendría que cuidarse de no dar la impresión que está dispuesto a utilizar como herramienta de presión, castigo o persuasión, la policía política.
Se entiende por policía política el uso que un gobierno hace del poder que ostenta mediante las oficinas destinadas a la inspección, vigilancia y control de los ciudadanos, de las empresas, de las instituciones y de las organizaciones sociales, los cuales se ven intimidados por el dominio eminente del Estado, que cuenta con los instrumentos legales y de inteligencia para someter la voluntad de los gobernados, empleando los procedimientos previstos en las leyes, pero con una clara dirección a la oposición o a sus detractores.
La amenaza de sanciones punitivas, policivas y, principalmente, económicas, que podrían llevar a la pérdida de control de las empresas e instituciones privadas, o a la insolvencia por el monto de multas y órdenes de suspensión o cierre de establecimientos, o cancelación de personerías jurídicas, o la presión sobre deudores de impuestos aún en investigaciones no concluidas, entre otras formas de intimidación, con o sin razón, son conductas propias de regímenes que se van tornando autoritarios, singularmente cuando temen que pueden perder el poder, o cuando deciden prolongarlo indebidamente.
Para citar un solo ejemplo atinente al cuidado que debería tener el Gobierno en torno de no dar un giro hacia ese indeseable y abusivo desvío de poder, recientemente, La Silla Vacía publicó un informe sobre los temores que existen en el medio empresarial sobre un posible patrón de aumento histórico en el uso de las investigaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), considerando que entre 2023 y 2024, las visitas del departamento de competencia de esa entidad aumentaron el 250%, pasando de 58 visitas en 2023, a 197 visitas en 2024, según un derecho de petición que respondió la SIC a ese medio de comunicación digital.
Según La Silla, no solo habría un aumento enorme en el número de visitas, sino también “… un patrón de investigaciones políticamente motivadas, muchas con vicios de trámite, coincidiendo con encontrones públicos entre el Gobierno y las empresas visitadas. Varias investigaciones además han sido filtradas en prensa antes de que se completaran los procesos…”.
Por cuanto la SIC es juez y parte en los procesos que impulsa, tendría que esforzarse en ser muy delicada en la aproximación que hace a empresas o a sus propietarios que pueden interpretarse como incómodos frente al actual Gobierno, pues debe evitarse, para preservar el prestigio y credibilidad de la institución, la percepción de instrumentalización de sus facultades para presionar a personas u organizaciones críticas.