Justo la semana en que se conoció que la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres) estaba aplicando el programa de Giro Directo para transferir recursos a las IPS sin pasar por las EPS, la Contraloría General de la República revelaba la existencia de “una profunda crisis estructural” que compromete la sostenibilidad del Sistema General de Seguridad Social en Salud y el acceso efectivo a los servicios para millones de colombianos.
Una primera idea que viene a la mente es que las IPS deben estar contentas: el giro directo de la Adres, sin depender de las EPS, debe ser una bendición para los propietarios, administradores y empleados de clínicas, hospitales, puestos de salud, laboratorios y demás proveedores.
Nada más en el pasado mes de junio la Adres distribuyó $6,12 billones a nivel nacional por Giro Directo, beneficiando a 3.670 IPS y proveedores de servicios y tecnologías en salud; y de ese total, $3,2 billones correspondieron al régimen contributivo y $2,9 billones al subsidiado.
Esto supone que la circulación del dinero de la salud debería fluir más rápido y contribuir a que las instituciones que atienden directamente a los pacientes, alivien sus cajas y salgan de sus afugias eternas.
La toma de posesión de buena parte de las EPS por parte del Gobierno, que buscaba solucionar el manejo reprochado de dichas entidades por parte del MinSalud, ha supuesto, según el informe de la Contraloría, que la deuda acumulada de las EPS por concepto de servicios de salud asciende a $32,9 billones, “lo que evidencia una insostenibilidad financiera y un estado crítico del sistema”, advirtiendo que, de las 29 EPS activas, solamente 6 cumplen los tres indicadores de habilitación financiera, las que, por cierto, solo tienen apenas un cubrimiento del 10,92% de los afiliados, lo que indica que el resto de la población afiliada (89,08%) está en EPS que incumplen uno o más de los requisitos, destacando que ninguna de las EPS intervenidas cumple los mínimos de solvencia establecidos por la normativa vigente.
La Contraloría señala que las medidas adoptadas por la Superintendencia Nacional de Salud (SNS) ni han revertido la crisis ni mejorado la calidad de la atención; de hecho, las PQR han aumentado 23,2% desde las intervenciones, y las tutelas, 35% respecto al año anterior.
Aunque a las EPS no sólo se les interviene para mejorarlas, sino para clarificar sus cuentas, saber cuánto deben, conocer sus estados financieros reales y garantizar la prestación de servicios, los efectos inmediatos los padecen los afiliados.
Todo lo anterior indica que Ejecutivo, Legislativo y Judicial, con el sector privado, tendrían que acordar cómo llevar el Sistema a un nivel en que la eficiencia en el manejo de los recursos permita mayor cobertura, la eliminación de barreras de acceso a la salud y la reducción de la abultada deuda.