Se entiende la razón por la cual doce partidos políticos del país, de manera unánime, se negaron a participar en la reciente reunión de la Comisión Nacional para la Coordinación y Seguimiento de los Procesos Electorales, convocada por el Gobierno.
Aun cuando lo correcto es que a las siguientes reuniones asistan, estuvo bien que dejaran constancia de su legítima molestia por la impertinente afirmación del presidente de la República, en cuanto a que desconfía de las elecciones de 2026.
Salvo que él tenga alguna evidencia que sostenga su alarmante afirmación, que tendrá que exhibirla o lo hará cuando estratégicamente le convenga, es una afrenta que un ciudadano que tiene 30 años de derivar su existencia y ejercer su vocación profesional gracias, entre otras causas, a la organización electoral colombiana, que le ha garantizado el acceso a los cargos más honrosos que la República puede concederle a sus hijos, se vuelque a atacarla suscitando, al tiempo, sentimientos de desasosiego y desconfianza en la población, naturalmente inclinada a dudar de todo lo que está a cargo del Estado.
Si él es el principal obligado a ofrecer las garantías mínimas para el desarrollo de procesos electorales transparentes y confiables, es legítima la preocupación sobre su verdadero compromiso con la transparencia electoral, pues su afirmación no parece provenir de quien ostenta la primera magistratura de la República, comandante supremo de las Fuerzas Militares y de Policía y controlador del presupuesto nacional, sino de una ciudadano centrado en controlar unilateralmente el proceso electoral de 2026.
Si ya la conducta de Palacio frente al tema de los pasaportes había llamado la atención, y no porque hubiera un legítimo interés en que los colombianos no se queden sin ese esencial documento de identificación, sino por los efectos y participación del contratista en las próximas elecciones, la frase del presidente no parece un acto de prevención sino una amenaza a la democracia y a la independencia de los poderes públicos, máxime si ya está claro que, los fundamentos empleados por dos de sus más altos funcionarios para explicar esa aparente preocupación, carecen de veracidad.
Si a eso se suma la comprensible sospecha de que el deterioro del orden público es algo que conviene al Gobierno si en el alma de Palacio hay la intención de suspender las elecciones usando como instrumento la declaratoria de conmoción interior, es del más alto interés nacional que las cartas sobre aquel delicado tema se destapen.
Por todo ello, y más, el presidente está moral y legalmente llamado a ofrecerle explicaciones al país, develando las razones por las que duda de la realización o de la transparencia de las elecciones del próximo año. En esto no puede comportarse como quien usa un arma arrojadiza, sino con la responsabilidad de un hombre a la altura del cargo que ostenta.