Difícilmente hay un caso de estudio más adecuado para el análisis de todo lo que no debe ocurrir en materia de contratación estatal, que el de los pasaportes. La clase respectiva, con el estudio del caso, pudiera denominarse, por ejemplo, la anatomía de un desastre en el manejo de un proceso licitatorio, en un módulo de Derecho Contractual Público.
Sucede que el actual Gobierno decidió romper con el veterano contratista de la confección de pasaportes, porque considera que era una vinculación inmoral; pero todas las erráticas decisiones no han hecho sino confirmar la necesidad de que aquel continúe prestando sus servicios por la experiencia, calidad y conocimiento en elaborar tan complejo documento.
Si no estuviéramos en presencia de actos dañosos, que causan traumatismos a la comunidad y que probablemente irroguen detrimento patrimonial al erario, podríamos decir que, durante los dos últimos años hemos visto escenas de un show risible, en el que la mediocridad, la improvisación y, quien sabe si la mendacidad, han sido protagonistas.
Si algo podía salir peor que esa retahíla de chapucerías y chambonadas, que lo cuenten, sobre todo considerando a qué nivel del Gobierno han sucedido hechos tan vergonzosos.
Pero no bastó el desastre de la primera terminación del contrato, por la vía de declaratoria de desierta de la licitación pública, acto que no sólo supuso haber acudido a la vía de la urgencia manifiesta con ocasión de la fallida licitación para celebrar el contrato mediante la modalidad de contratación directa, sino la correspondiente sanción con destitución e inhabilidad general por 10 años que dictó la Procuraduría contra el exministro Leyva.
La sucesión de declaratorias de urgencia manifiesta para que los colombianos no se quedaran sin los nuevos pasaportes es otra prueba de al menos dos situaciones: o la intolerable incapacidad del Ministerio de Relaciones Exteriores, por no lograr organizar y llevar a término una nueva licitación para la adjudicación del contrato para la fabricación y expedición de pasaportes; o la inadmisible obcecación de quitar al veterano proveedor para favorecer intereses protervos, por ahora, inconfesables.
La confección y entrega de pasaportes habilitados para su recepción en las oficinas de migración de cualquier país, incluidos aquellos con las más avanzadas tecnologías, es obligación sustancial del Gobierno, pues el Estado está llamado a garantizar la libre circulación de los connacionales más allá del territorio patrio.
Pero es aún más importante si tenemos en cuenta los efectos que puede suponer remover al actual encargado de la fabricación, por el manejo de información personal de los colombianos de cara a las próximas elecciones, en tanto que Thomas Greg & Sons es quien interactúa con la Registraduría en los procesos de escrutinio, que es lo que más parece preocuparle al actual Gobierno.