El Gobierno cumplió su promesa de lograr una Reforma Laboral, que es una conquista singularmente de las centrales obreras, esto es, de los empleados de la medianas y grandes compañías, que son en las que suelen formarse y funcionar sindicatos.
Es claro que la gran empresa ya estaba preparada para la aprobación de la Reforma, entre otras cosas porque muchas de estas ya habían adoptado normas similares o equivalentes a las que trajo la nueva ley, o porque ya la Corte Constitucional lo había disciplinado en copiosas sentencias. Asuntos como disminución de brechas salariales, representación paritaria, o de jóvenes en comités, actualización de procedimientos disciplinarios a los mínimos ordenados por la Corte, permisos remunerados, medidas de eliminación de violencia, del acoso y protección contra la discriminación, inclusión de trabajadores migrantes (singularmente, de venezolanos), trabajadores que hacen parte de comunidades étnicas, uso adecuado de los servicios de contratistas y subcontratistas y de empresas de servicios temporales, que para las mipymes serán una novedad, ya en las empresas medianas y grandes hacían parte de su recorrido de los últimos dos lustros.
Muchas de ellas ya tenían cumplimiento en asuntos de los entornos laborales flexibles, teletrabajo y los lineamientos para el desarrollo, adopción y consolidación de competencias laborales para el crecimiento verde.
El que se calcule en promedio 500 mil empleos menos por cuenta de la nueva ley no es una exageración; pero es algo que ocurrirá sobre todo en las mipymes, esto es, las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (menos de 50 empleados), de las cuales un gran porcentaje no podrá soportar ese incremento en los costos laborales. No es algo que sucederá súbitamente; es una realidad que iremos conociendo en los dos próximos años.
Por ello, ya satisfechos buena parte de los requerimientos de reforma al Código del Trabajo para quienes cuentan con un empleo formal, es correcto que ahora se mire hacia las mipymes, que son más del 97% del tejido productivo del país, formales o no; y, por supuesto, hacia el trabajo informal, ese que se niega a regularizarse porque no se siente capaz de adaptarse a las disposiciones de dicho Código.
Tal como lo han pedido líderes gremiales de la pequeña empresa, hay que evitar o prevenir la previsible pérdida de empleos, el aumento de la informalidad y la contracción de la contratación formal, especialmente en sectores intensivos en mano de obra como comercio, manufactura y servicios, para lo cual Gobierno y Congreso deberán crear una política que propicie esquemas compensatorios, como regímenes tributarios progresivos mediante impuestos acordes al tamaño y etapa de las empresas; facilitar el acceso al crédito formal, mediante microcréditos con tasas razonables, garantías públicas y requisitos flexibles, entre otras medidas.