Con la firma de jueces, magistrados y los presidentes de las altas cortes, se adoptó el pasado viernes la primera Declaración de Principios de Ética Judicial, documento construido colectivamente por más de 680 funcionarios judiciales de todo el país, para la promoción y defensa en la Rama, de la integridad, independencia, imparcialidad, idoneidad y transparencia, fundamentales para fortalecer la confianza ciudadana en la administración de justicia, requisito indispensable para blindar de legitimidad del sistema democrático.
La Declaración fue firmada en un acto público realizado en Bogotá, en ceremonia liderada por el presidente de la Corte Suprema de Justicia, con el respaldo del Consejo Superior de la Judicatura y el acompañamiento técnico de la American Bar Association (ABA).
Se espera de los jueces no solo la observancia leal de las normas que deben interpretar y aplicar en cada caso concreto; también que sus conductas se conformen con los cánones que dictan la ética y las buenas costumbres, pues no es posible lograr la excelencia en la impartición de justicia sin una mezcla completa de estos mínimos elementos.
De las peores cosas que pueden ocurrir al prestigio y legitimidad de la Rama Judicial es que sus miembros reflejen conductas que pongan en juego la percepción de imparcialidad. La Declaración cobra hoy más fuerza, justo cuando la independencia de la Rama Judicial se pone en riesgo por los distintos ataques que sufren sus miembros desde tantos flancos, siendo los más peligrosos los que tienen que ver con los ataques materiales, singularmente de los violentos, que ponen en juego la vida e integridad de jueces, magistrados y empleados; pero también las agresiones morales y políticas, especialmente las provenientes de altos miembros de la Rama Ejecutiva y de la Legislativa.
Se echa de menos que el documento no haya sido suscrito, hasta donde sabemos, por los fiscales, empezando por quien encabeza ese organismo. Las dudas sobre la transparencia, imparcialidad y objetividad de los miembros de la Rama se extienden a los fiscales y otros cargos relativos a la investigación y juzgamiento de la conducta humana.
No hace falta sino mirar la polémica que se ha formado alrededor de las sospechas de presunta persecución de la Fiscalía al gobernador de Antioquia, por asumir posiciones de oposición al actual Gobierno.
Las distancias que deben marcarse entre el Ejecutivo y los demás órganos del Estado pasan por tal grado de delicadeza, que esas sospechas en la opinión hacen todo el daño del mundo a jueces y fiscales, razón por la que se esperaría la más pura claridad en cuanto a que no hay concurrencia de intereses cruzados entre esas instancias contra un claro antagonista del presidente.
La Declaración de Ética Judicial es un paso importante, si se acompaña de hechos concretos dirigidos a ese mismo propósito.