Mientras que en el balance básico de la balanza cambiaria la Inversión Extranjera Directa (IED) creció 3,2% en mayo de este año, por primera vez en 13 meses, después de caídas que llegaron a -51,8% en junio de 2024, hay razones de peso para continuar inquietos en cuanto al Índice de Transición Energética.
Es que si se compara el rendimiento de los sistemas energéticos de 118 países por el FMI, no sorprende que, mientras Colombia sigue perdiendo posiciones en ese Índice, pues pasamos del puesto 35 al 38, países como Suecia, Finlandia y Dinamarca continúan liderándolo debido a su consistente compromiso político, su sólida infraestructura y a la diversificación de sistemas energéticos de bajas emisiones de carbono.
Se está haciendo un esfuerzo por atraer más inversión extranjera, pero no del mismo nivel que para acelerar esas divisas hacia la transición energética. Y es que no ayuda el entorno regulatorio y la conflictividad social, pues parece que estuviéramos haciendo nuestro mayor empeño para expulsar en los últimos años a quienes han llegado al país confiados en que podían sacar adelante sus proyectos eólicos o solares.
La acelerada baja en las capacidades institucionales para acompañar esos proyectos en las comunidades, difícilmente puede lograr detener esa caída, que a estas alturas aparece como inevitable, a pesar del gran potencial hidroléctrico y solar, tal como lo ha hecho ver Natalia Gutiérrez, presidenta de Acolgen.
Consuela, al menos, que en Latinoamérica ocupemos el cuarto lugar, y de que el FMI considera que Colombia puede mejorar en aspectos como infraestructura, regulación, inversión y en consolidar capacidades institucionales.
Sin embargo, hay que entablar un diálogo nacional sobre el giro que han tomado las consultas previas, los conflictos sociales y la inseguridad rural en la meta de lograr pronta transición energética, pues o demoran en exceso el inicio o terminación de los proyectos, o expulsan a los inversionistas de los territorios.
Algo no está bien en el diseño de esas formas institucionales de diálogo social, que en vez de mejorar los entornos donde se ejecutan los proyectos, a pesar de las enormes cantidades de dinero que tienen que desembolsar las empresas que los presentan a las comunidades, tanto en las etapas de negociación como con posterioridad al arribo de los acuerdos, ni se ve un gran desarrollo social o, lo que es peor, se dilatan tanto los procesos de consulta previa o se paralizan las empresas por paros y bloqueos, que los inversionistas extranjeros prefieren llevarse sus inversiones a otros países latinoamericanos.
Y si a eso les sumamos las dificultades para lograr la interconexión con el sistema energético nacional, debido a la falta de inversiones para la transmisión desde las redes actuales a los sitios remotos, todo está hecho para que no avancemos.