Cuando el Gobierno escogió como fecha para tomar posesión de Sanitas y la Nueva EPS, en las calendas por las que estábamos a las puertas de conocer la votación que llevaría al archivo del polémico proyecto de Reforma a la Salud, se dijo aquí, entonces, que quedó en el ambiente que no se trató -aunque pudo serlo- de una decisión adoptada de buena fe y estratégica para mejorar el sector salud.
También se dijo aquí que el Gobierno nacional debía tener mucho cuidado sobre el destino que le daría a la administración de las EPS bajo su control, que en ese momento ya eran varias, así como de las explicaciones que tendría que darle a la ciudadanía, a la Procuraduría y a los jueces sobre las motivaciones, causas y fundamentos fácticos, técnicos y legales que sirvieron de base para arrebatar la gerencia, la dirección y gestión de estas entidades, a fin de asignarlas al control del Estado, que no es más que una forma de estatizar el sector salud.
Sanitas se contaba, en ese momento, entre las mejores EPS del país; por supuesto que habría situaciones administrativas de cuidado, pero más se debía a la profundización de los déficits por la negativa del Gobierno a girar en tiempo recursos represados en los bancos, o porque no se incrementaron las unidades de pago por capitación conforme lo exigían las razones técnicas. Por eso, en algún momento tendrá que aclararse si la línea confesada del Gobierno, del Chu chu chú, favoreció, propició o patrocinó lo que podría ser una expresión de desprecio a la salud del pueblo colombiano con propósitos torticeros y, peor, si estuviera inspirada en razones de naturaleza ideológica.
Solo una gestión aplicada, técnica y prudente podía probar que el ánimo inspirador de tan drásticas determinaciones obedecía al deseo y la voluntad de mejorar el sistema en favor de sus afiliados, empleados, contratistas y personal de salud. Pero no parece haber sido así.
La información divulgada indica que, durante la intervención, se agravaron problemas estructurales, como el retraso en la entrega de medicamentos, demoras en autorizaciones y mora en el pago de obligaciones, al punto que en 2023 hubo 185.634 reclamos en Sanitas, y en 2024, 221.565, esto es, un aumento del 19% en las quejas y reclamos de los usuarios. En la práctica se pasó de 15.071 quejas en enero de 2024, a 23.495 quejas en enero de 2025, con lo cual es claro que, durante el último año, los interventores de la Supersalud no mejoraron la atención.
Aunque el proveído de la Corte aún no se conoce, de la información de prensa se infiere que hubo abuso de poder en la intervención por parte del Gobierno, que violó el debido proceso con tal de lograr su propósito de estatización de lo que no sabe hacer. La experiencia demuestra que estatizar lo que maneja medianamente bien el sector privado suele llevar a la corrupción, la ineficiencia y la desidia.
¿Quién responde ahora por el daño hecho?