Con sobradas razones, ha caído muy mal la decisión del presidente de realizar un acto público, el pasado sábado, con los jefes de las principales bandas delincuenciales de Medellín, en una tarima ubicada nada más y nada menos que en la plazoleta La Alpujarra.
La propuesta del presidente consiste en que la fiscal general de la Nación lo acompañe a la cárcel de Itagüí a examinar, bajo las normas legales, la posibilidad de beneficios jurídicos a cambio de la dejación completa y definitiva de las armas, del asesinato, de la sujeción de juventudes, ciudadanos de los barrios, y de la extorsión y la ayuda al traqueteo a los más peligrosos integrantes de las denominadas estructuras armadas organizadas de crímenes de alto impacto en Medellín y el Valle de Aburrá, como parte de la Paz Total que impulsa su Gobierno.
El primer mandatario les pidió cesar definitivamente la violencia, pero sin la asistencia de los fiscales paisas, porque, en su opinión, no le hacen caso a la fiscal general, brindando beneficios jurídicos estudiados con el mismo poder judicial, o con una ley especial, si fuere el caso.
Aunque dijo muchas más cosas el presidente, cabe preguntarse, ¿qué tenía en su mente cuando se le ocurrió que ese paso era necesario realizarlo en un acto público, que claramente sería recibido con una afrenta a las víctimas de los delincuentes condenados o de los presuntos aún en investigación de la más alta peligrosidad que subió a la tarima? ¿Cómo se le ocurrió mezclar ese trance supuestamente vinculado con su idea de Paz Total, con un evento que deliberadamente convirtió en un acto político, singularmente contra fiscales, jueces, el alcalde de Medellín y el gobernador de Antioquia? ¿Qué tipo de concepto de la ética, la prudencia y la legalidad, entre otras virtudes que se deprecan de quien ostenta el más alto cargo nacional, tiene el presidente como para no haberse percatado del error elemental que tal movida supondría?
Si de lo que se trataba era de dar un paso nuevo en el proceso de diálogo con la delincuencia encarcelada en Antioquia, ¿cómo se le pudo ocurrir que había que hacerlo en un acto público?, ¿o sin antes haberlo discutido con la fiscal general de la Nación; y peor, si él considera que los fiscales paisas no le prestan atención a aquella. ¿Fue la fiscal general quien le mencionó al presidente sobre esta situación? ¿Conoce el primer mandatario que la fiscal general no es superiora jerárquica de los fiscales locales en los procesos a sus cargos?
Todos los colombianos de buena voluntad estamos obligados a aunar esfuerzos para buscar la paz, así como apoyar los intentos del Gobierno que vayan en ese sentido. Pero nadie está obligado a hacerlo cuando lo que muestra el Ejecutivo es una total incoherencia entre el fin deseado y los procedimientos y formas para lograrlo.
¿Está el presidente interesado en revisar su estrategia?