La pregunta pertinente, ahora que el presidente de la República ha vuelto a hablar de la convocatoria a una asamblea constituyente sin sentir pudor por su promesa pétrea de que no lo haría, no es ‘por qué’ esa asamblea, que es en lo que se la ha pasado los últimos días, sino en ‘para qué’, análisis que no ha espetado aún y que tal vez no haga por ahora.
Y no lo ha revelado porque sería la confesión de qué es lo que busca realmente su mandato que, naturalmente, no fue pensado solo para cuatro años.
De seguro que la discusión más movida en redes y en los círculos de opinión será esta, “de una Constituyente para qué”, mecanismo que el primer mandatario tiene planeado desde antes de posesionarse, pues su teoría alrededor del tema está elaborada en contra de lo que se entiende por asamblea nacional constituyente en la teoría constitucional colombiana. Como esa teoría no le permitiría prorrogar su mandato encarnado en él o en cuerpo ajeno, tiene que romper con esta para lanzar una especie que se pone por fuera de la legalidad institucional, tal como ocurrió en 1989 con la séptima papeleta.
Y el tema de fondo no sería si se requiere o no de una reforma constitucional vía Asamblea Nacional Constituyente, pues ya Colombia pidió a gritos, prácticamente al unísono, esa salida fundante, cuyo producto fue la legítima Constitución de 1991, cosa que no se configura en esta ocasión por la razón sencilla de que no hay una real y fidedigna voluntad para realizar un acuerdo nacional, sino para todo lo contrario, o sea, un rompimiento.
Mientras el presidente no destape sus cartas sobre los temas que se llevarían a una consulta del pueblo para reformar la carta magna, no será más que un salto al vacío considerando la ausencia de un diálogo factible entre los distintos sectores que conforman la realidad política, económica y social de este país, resquebrajado por la violencia, la intolerancia, la discriminación y el resentimiento, profundizado por la agria polarización que se ha animado desde los sectores políticos y, principalmente, desde Palacio.
Una asamblea constituyente que iría dirigida a cambiar la Constitución, y no para desarrollarla a plenitud, es una falacia, pues el primer llamado a ejecutarla es precisamente aquél Poder que la misma carta magna denomina ‘Ejecutivo’, el cual ha renunciado deliberadamente a desplegar el mandato en la concreción de obras, en ofrecer seguridad al pueblo, entre otros servicios públicos, pues desde Palacio se ha valorado más el discurso que la realidad apremiante de millones de colombianos, quienes serían, por cierto, en la mente del presidente, los destinatarios y votantes de la singular propuesta de ‘papeleta’ en las próximas elecciones.
¿Si los colombianos tenemos la Constitución más avanzada en la promoción de derechos para los individuos, colectivos y comunidades, para qué sustituirla?