En medio de tantas circunstancias que han mantenido despabilados a los colombianos, el Gobierno ha expedido decisiones en extremo polémicas, pues rozan el talante del más directo autoritarismo, ese que no considera lo agresivo que puede resultar en una población apesadumbrada por el activismo estatal.
Una de estas se entiende como el intento de solventar la olla de presión en que se convierten las finanzas públicas por el exceso en gasto inoficioso, representado principalmente en la contratación por OPS y en el daño autoinfligido al optar por un mal aplicado decrecimiento de la economía, centrado en sectores claves para la productividad, el recaudo de impuestos y una sensata transición energética, que no se ha logrado.
El Decreto 0572 de 2025 mediante el cual se ordena el -temido y ya probado en este cuatrienio- anticipo de la Retención en la Fuente del Impuesto de Renta de 2026, para su cobro en lo que queda de 2025, que castigará a empresas de distintos sectores, aunque precipitará el recaudo tributario en medio la difícil situación fiscal, propinará un enorme daño a las finanzas del sector privado y de algunas empresas industriales y comerciales estatales, y profundizará las afugias del erario nacional el próximo año.
Por supuesto que en la práctica se trata de una reforma tributaria disfrazada, que aliviará la caja en los meses restantes de la actual vigencia fiscal; pero supondrá una disminución sensible de los recaudos que normalmente se extraerían de los contribuyentes en 2026, a la vez que se agrede directamente al flujo de caja de las empresas privadas, mixtas y públicas, siendo las más afectadas las micro y pequeñas empresas, así como los empleados de medianos y altos ingresos, y los independientes con contratos de prestación de servicios, todos los cuales ahora tendrán que endeudarse para poder cumplir con la orden devenida del poder eminente del Estado.
Es inoportuna esta decisión justo cuando el empleo está repuntando. No debe sorprender que se suspendan las contrataciones de personal para poder sortear el pago de unos impuestos que no están presupuestados en los programas de ingresos y gastos de las empresas.
Es obvio que se trata de un ataque a las empresas formales que contribuyen a la productividad, y un incentivo a permanecer o a pasarse a la informalidad, que cada día que pasa resulta más atractiva por el amparo que desde todos los flancos estatales recibe la economía desregulada.