Después de todo lo que está ocurriendo a nivel nacional, y de las nuevas cargas tributarias que se ciernen sobre los colombianos, es tiempo de que el Gobierno revise la inconveniencia de mantener la inequitativa idea de cobrar a bolivarenses y atlanticenses la Contribución Nacional de Valorización en el corredor vial Cartagena - Barranquilla y la Circunvalar de la Prosperidad, impulsada por el Ministerio de Transporte a través del Invías.
Durante los primeros meses de este año se “amenazó” a los propietarios de los predios que están o no en la zona de influencia de la Vía del Mar, sobre el inicio del riegue de cobros por esa imposición tributaria, lo que llevó al rechazo de instituciones como el Consejo Gremial de Bolívar (CGB), por considerar este gravamen arbitrario y contrario a claros principios constitucionales.
En palabras de Juan Camilo Oliveros, director ejecutivo del CGB, con este cobro el Invías “no solo desconoce los límites de su competencia institucional, sino que impone cargas retroactivas a miles de propietarios sin una justificación técnica clara, ni un beneficio comprobable para los predios afectados”.
Y decimos que es momento para que el Gobierno revise su pertinaz determinación de continuar con ese cobro considerando la naturaleza de la convicción y unión de la sociedad civil, representada en la ejemplar alianza del CGB con el Comité Intergremial del Atlántico, entidades que han avanzado con denuedo en una estrategia jurídica que incluye una acción de nulidad contra las resoluciones que sustentan este cobro y la solicitud de medidas cautelares ante el Consejo de Estado. Pero no han sido las únicas.
Es que también se promovieron acciones por congresistas, las alcaldías de Cartagena y Barranquilla, y de algunos particulares. No sorprendió entonces que la Procuraduría emitiera un concepto dirigido al Tribunal Administrativo del Atlántico, en la acción popular presentada por el congresista Carlos Meisel, en el que concordó con este en la procedencia de la suspensión del cobro de valorización, lo que fue acogido por ese Tribunal, que ordenó realizar una socialización amplia en todos los municipios de la zona de influencia del cobro de valorización.
Sin mencionar tantos otros defectos, como el de la ilegalidad en la retroactividad en el cobro de una obra vieja, o de que es clara la ausencia de beneficio directo de cientos de predios en forma proporcional al valor que se pretende cobrar, la persistente discriminación contra lo que signifiquen obras públicas realizadas con recursos del erario estatal contra Barranquilla y Cartagena es aún más ofensiva, pues el proyecto contempla que, de lo recaudado, podrá el Gobierno disponer a su libre discreción en obras o programas en otras regiones del país.
Desistir de este impertinente, injusto y discriminados proyecto sería lo más sensato.