No es fácil imaginar que el presidente Petro le haya prestado mayor atención a las marchas del silencio que ocurrieron este domingo en varias ciudades del país. Salvo el comentario que trinó en X, en el que reconoció el éxito de estas, difícil esperar que haya un cambio en su línea de rompimiento con la unidad nacional que renunció a encarnar y liderar.
La conducta de los marchantes fue ejemplar, pues no necesitaron bloquear vías, industrias o comercios para hacer sentir en buena parte de la población colombiana su voz de protesta ante las violencias de distintas fuentes, desatadas a lo largo del territorio nacional y elevadas al grado de magnicidio en la humanidad del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay. Y el mensaje que ofrecieron es una expresión de deseos de paz y convivencia genuinas, y un anhelo de que, quien está al frente de la nación, se desviva por devolverle al país la tranquilidad perdida, y la esperanza, herida en forma grave.
Solo bastó esa tentativa de magnicidio, no consumado inmediatamente por gracia superior, para que se despertara el sentimiento de solidaridad que surge cuando la sociedad se siente amenazada por fuerzas oscuras de profunda maldad. No se necesitan nuevos atentados a personajes de la vida pública para que la sensación de pérdida de sentido colectivo sea doblegada por la de determinación de superar cualquier amenaza que esté dirigida a fraccionar aún más el espíritu que nos entrelaza como nación.
Por supuesto que es de prever que los malvados ya estén organizando cuál será su próxima víctima que, como Miguel Uribe Turbay, tenga hondo calado en los sentimientos generales; y será, de seguro, un personaje de otro partido o movimiento político, pues el fin no puede ser otro que el de desestabilizar aún más, de generar caos y desazón en la población, de que haya una reclamación de mayor fuerza o de un ejercicio contundente de autoridad, al punto de ceder libertad con tal de recuperar el sentimiento de seguridad.
La Fiscalía y otras agencias del Estado están obligadas a revelar pronto quiénes están detrás del atentado contra Miguel Uribe, pues de eso dependerá si se realizan o no las elecciones en 2026. Todo mensaje que lleve al desconcierto en la mente de los gobernados no hará sino propiciar, o la retención ilegítima del poder por el actual Gobierno, o la elección de un candidato o movimiento político de ultraderecha que ofrezca la instauración de un régimen autoritario, que acabe con diversos derechos y garantías constitucionales a cambio del apaciguamiento nacional.
De la retención irregular del poder si el caos reinante legitima una declaratoria de conmoción interior que suspenda el calendario electoral; o de caer en manos de un régimen como el que se vivió en los tiempos de los estados de excepción de la Constitución de Núñez.
No falta mucho para que sepamos a qué le jugará el Gobierno.