Esta semana, con ocasión del atentado contra el senador Miguel Uribe y el decretazo presidencial, muchas organizaciones y personas se han pronunciado rechazando estos hechos y solicitando desescalar los ánimos alterados que se viven en nuestra realidad política. De entre esos pronunciamientos hay dos que merecen especial atención, pues se perciben como intérpretes de los sentimientos de una buena porción de la opinión pública.
Por una parte, organizaciones de la mayor prestancia, como Funcicar y Dejusticia, manifestaron su preocupación por el anuncio del Gobierno nacional de convocar la consulta popular sobre la reforma laboral mediante un decreto presidencial, haciendo un llamado a que se abstuviera de expedirlo.
En el juicioso y comprometido mensaje, que no logró su cometido de disuadir al primer mandatario a que cesara en ese acto problemático, los firmantes expresaron que son conscientes de la necesidad urgente de avanzar en reformas sociales profundas que hagan realidad el mandato del Estado Social de Derecho, incluidas las relativas al fortalecimiento de los derechos laborales, así como también reconocen que los mecanismos de participación ciudadana, como la consulta, son expresión legítima de la soberanía popular.
Sin embargo, con toda contundencia declaran que la convocatoria a la consulta popular por decreto, que finalmente se impuso, es una decisión basada en una interpretación ilegal que erosiona la separación de poderes en tanto que las posibles irregularidades en la negativa del Senado a convocar la consulta deben ser resueltas por los jueces competentes, y no por el presidente, pues tal conducta puede conducir a que un régimen presidencial como el nuestro se convierta en un régimen autoritario.
De otra parte, este martes la Defensoría del Pueblo, la Conferencia Episcopal, ONU - Derechos Humanos, la MAPP/OEA y la Misión de Verificación de Naciones Unidas convocaron a los partidos políticos y comités inscriptores de candidaturas a firmar un pacto con nueve compromisos para garantizar un proceso electoral libre y en paz en Colombia, de entre los cuales se incluyen el compromiso de respetar la vida, especialmente de adversarios políticos, y rechazar cualquier acto de violencia contra candidatos, acordando adoptar una política de no violencia, promoviendo el respeto a ideas opuestas y prohibiendo la violencia contra mujeres en la política.
Los firmantes se comprometieron a respetar las normas electorales, defender la democracia como principio fundamental y fomentar una cultura de inclusión y pluralismo. Además, prometieron usar un lenguaje constructivo, evitando declaraciones ofensivas, racistas o que inciten al odio, así como combatir la desinformación y las acusaciones infundadas.
En El Universal nos sumamos a esos sensatos pronunciamientos.