Al escenario de estrechez fiscal no se llegó por hechos extraordinarios. Las razones que nos llevaron allí fueron previa y suficientemente advertidas por diversos analistas desde orillas dispares.
La desaceleración con efectos fiscales no solo fue por factores macroeconómicos; fue una elección deliberada del propio Gobierno, varias de cuyas voces claramente sustentaron desconcertantes decisiones, sobre todo en los sectores de minas y energía, infraestructura y vivienda, en la línea del decrecimiento de la economía.
Por su parte, no han sido las demandas sociales las que han disparado el déficit fiscal, pues en su mayoría no han sido atendidas; más bien, el gasto público se ha dirigido sobre todo al pago de subsidios polémicos y al incremento irracional de la contratación de personas, sobre todo mediante las OPS, en lo que algunos analistas han denominado como “nómina militante”.
La anunciada suspensión temporal de la Regla Fiscal, utilizando la cláusula de escape contemplada en la Ley 1473 de 2011, finalmente fue acogida en el Consejo Superior de Política Fiscal (Confis) este lunes. En esa instancia, clave en el diseño de la política macroeconómica del país, y desoyendo las opiniones no vinculantes pero ilustradas del Comité Autónomo de la Regla Fiscal, se le dio vía libre al Ministerio de Hacienda para no observar, durante tres años, los límites establecidos en el marco legal que regula el manejo de las finanzas públicas del Estado central.
En la práctica, supone que el país nadará en las aguas agitadas de la economía sin el peso de un mecanismo creado para garantizar la sostenibilidad de las finanzas oficiales en el mediano y largo plazo, con lo cual ya no habrá mayores límites para que el Gobierno incremente el ya abultado déficit estructural.
Por supuesto, hay que esperar a conocer el documento de análisis que finalmente fue aprobado, así como el plan de retorno fiscal que resulta obligatorio en estos casos, pues es necesario que el Gobierno se comprometa con una estrategia que retorne las finanzas estatales a niveles permitidos por la Regla que, durante los próximos años, ya es historia.
Prácticamente todas las voces informadas de los temas económicos habían recomendado no vulnerar la Regla, lo que en el fondo es un reconocimiento del Gobierno de que en sus manos la marcha de la economía está peor que en la pandemia, época en la que claramente ocurrió un hecho extraordinario que ameritaba su suspensión.
Esto es aún más incomprensible después de que agentes del Ejecutivo estaban celebrando que la economía estaba creciendo más que el año pasado, con una inflación a la baja y el desempleo por debajo de un dígito, lo cual da pie para que no sea una infamia pensar que lo que se busca es contar con los instrumentos legales que propicien elevar el gasto con miras a los procesos electorales que se desarrollarán en 2026.