Está claro que los ingresos tributarios no crecen al ritmo que necesita el Gobierno para poder mantener su nivel de gasto. Es por ello que, en vez de atender las recomendaciones de los expertos y de las agencias internacionales, no solo no se adoptan más medidas para disminuirlo, sino que se obliga a la anticipación de impuestos de 2026 para mantener la línea de gasto fijada desde Palacio, lo que explica por qué ya el déficit fiscal pasa de $138 billones de pesos, equivalentes a casi el 8% del Producto Interno Bruto (PIB), cifra solo alcanzada en el país durante la pandemia de 2020.
Conforme con diversas fuentes, el gasto público ya es superior en $21 billones a la que había previsto el Gobierno, lo cual se agrava considerado que los ingresos están por debajo de lo esperado en nada más y nada menos que en $27 billones, lo que, de no corregirse, nos llevará, entre otros efectos, a un déficit que profundizará la deuda neta del Estado central en más del 63% del PIB.
Los analistas también resaltan que siendo el gasto primario del Gobierno central el 19% del PIB entre 2023 y 2024 (sin el pago de intereses), esto es, más que el promedio de las últimas tres décadas (15%), y que el gasto de funcionamiento ha venido escalando al pasar del 14,5% del PIB en 2022 al 16,9% en 2024, no se entiende por qué persisten decisiones como las de incrementar la contratación por órdenes de prestación de servicios, ya en más del 30 % entre 2022 y 2024. Si el Gobierno no hace un recorte en el gasto superior a 30 billones de pesos, las consecuencias que podemos esperar en la economía serán desastrosas; solo la determinación de reducir el gasto puede permitir al Gobierno balancear las cuentas públicas.
Tal como lo mencionó a Valor Analitik el presidente de ANIF, hay dos problemas centrales: las metas de recaudo siguen siendo muy optimistas y el año pasado hubo un rezago presupuestal muy alto ($52 billones) que se debe pagar este año.
El Gobierno está llamado a escuchar las opiniones de los agentes especializados; por no hacerlo está en franco riesgo el cumplimiento de la meta de la regla fiscal después de haber cerrado el 2024 con
un déficit del 6,8% del PIB, 1,2% más de lo previsto.
Si a los problemas causados por el incontenible gasto público, singularmente en asuntos que no mejoran la productividad nacional, les sumamos el aceleramiento de las crisis en sectores neurálgicos, como la salud, la seguridad, la energía eléctrica, la ralentización en la ejecución de obras públicas y la incertidumbre política debido a la incontenible y buscada polarización, los riesgos de la profundización de las dificultades fiscales pueden concretarse bajo una especie que el país no conoce.
Es imperativo adoptar medidas que detengan el crecimiento de la deuda pública, que ya está en el nivel más alto de la historia. El gabinete podría esforzarse en volver por los fueros de la disciplina fiscal.