Impensable hace solo tres años que la compañía más grande del país, en la que el Estado colombiano tiene una participación del 88,49% y que es principal contribuyente de recursos en el erario nacional, se convertiría en ejemplo de cómo no se debe administrar una empresa industrial y comercial estatal.
El desprecio por los principios del gobierno corporativo debería ser conducta reprobable; pero rápidamente se ha convertido en apotegma en varias de entidades oficiales o con mayoría de capital estatal antes vistas con admiración, y que hacen parte del otrora privilegiado grupo de empresas lideradas por mandatarios regionales o nacionales que siempre se habían mostrado como ejemplo de que el gobierno es capaz no solo de liderar adecuadamente empresas productivas, sino de respetar los fundamentales que definen la correcta administración de negocios relacionados con servicios públicos y del sector minero energético.
Los promotores de las tendencias estatizadoras de todos los sectores económicos siempre se desgañitan afirmando que deben revertir al Estado las empresas y servicios en manos de los particulares, pues estos son esclavistas, explotadores y egoístas, quienes solo piensan en el beneficio propio con desprecio de los demás. Se esperaría, entonces, que al llegar los más recalcitrantes defensores de esas tesis comunistas a los cargos de mando en esas empresas se encargarían de demostrar que tienen razón en sus asertos. En la práctica ocurre todo lo contrario.
En efecto, no es posible esperar que los funcionarios administren con competencia las empresas estatales o las que están bajo el control de entidades oficiales, pues no es el Estado, como ente jurídico, el que garantiza el buen suceso de sus gestiones, en tanto que esas empresas quedan en unas manos concretas, esto es, la de los gobiernos que cada cuatro años las asumen.
Basta que llegue un gobierno que vea con desdén al sector privado para que en sus manos las compañías o industrias se despiporren, por la sencilla razón de que la buena gestión de una empresa está sometida a reglas que no son comprensibles para mentes que carecen del sentido o la vocación empresarial, o de las competencias que son propias de los ejecutivos que se preparan para liderar organizaciones productivas, sujetas a retos que poco tienen que ver con la experiencia pública.
Lo que está pasando con Ecopetrol es un perfecto ejemplo de lo que sucede cuando ciudadanos que estaban en cola para lograr el poder no saben distinguir entre lo que del Estado es técnico, de lo político.
Si ya es terrible que consideren que la empresa puede ser manejada solo con intuición y sin las reglas que le son propias, la negativa a suscribir nuevos contratos de exploración, o la distribución de dividendos altos en momentos de restricciones de caja de la compañía no hacen sino destruir confianza en el futuro de la empresa.