No sorprenden los resultados revelados en el informe reciente de la Contraloría General de la República, sobre la crítica situación financiera por la que atraviesan las principales universidades públicas del país.
Y no es solo por la abultada deuda pensional, que ya va por $8,3 billones, o por los retrasos en los giros de la política de gratuidad, o por la falta de recursos para cubrir los aumentos salariales. Es también por el incumplimiento en el giro oportuno de los recursos destinados a atender esas y otras obligaciones, teniendo en cuenta que las universidades públicas no cuentan con ingresos propios suficientes para cubrirlas.
Hay que ver cómo poco a poco, pero perceptiblemente, se van deteriorando las infraestructuras de sus edificaciones por el rezago en las imperativas inversiones.
Estudios del sector señalan como principales causas de la palmaria crisis el financiamiento insuficiente, deficiencias en la gestión, presunta corrupción, parálisis ante los cambios en las necesidades e intereses de las nuevas generaciones, hijas de la globalización, la revolución tecnológica y la inteligencia artificial, exigencias agobiantes de la acreditación institucional y el aumento de la deuda.
Pero estas realidades no son exclusivas de las universidades públicas; también se viven en los centros de educación superior privados, tal como lo señalan diversos análisis de este sector, cada vez más amenazado en su sostenibilidad por cuanto su modelo de financiación está basado en la matrícula, siendo que cada vez se reduce la posibilidad de incrementar esta fuente de ingresos, no solo por la precarización de la economía familiar; también por el acelerado decrecimiento de la población: menos hijos, menos estudiantes.
Si a lo anterior se suma una mirada de repudio hacia la educación privada por parte de los funcionarios que dirigen el Ministerio de Educación, las dificultades que deben sortear sus directivas presagian la reducción de programas académicos, de las plantas docentes, de la investigación científica y de la calidad académica.
Los imperdonables recortes presupuestales en el Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior (Icetex), con la consecuente reducción en el número de créditos nuevos, en 80%, le agrega una carga pesada al futuro tanto de la universidad pública como de la privada.
Recientemente el presidente de la República reconoció que se había equivocado en el nombramiento de ministros de Educación, ¡y no se equivoca! Pero resulta inadmisible que no se haya percatado de lo que para la mayoría de los analistas resultaba apenas evidente. Quién sabe cuánto es el costo negativo que ha supuesto para la educación superior el haber elegido y, peor, mantenido en este cargo a ciudadanos con tan baja calificación para semejante responsabilidad.