Avivadas por el Gobierno, las centrales obreras, el Pacto Histórico y distintas organizaciones sociales realizarán un paro nacional este miércoles y jueves en las principales ciudades de Colombia, con el objetivo de respaldar la consulta popular que el Senado archivó el pasado 14 de mayo, así como las reformas sociales impulsadas por el presidente de la República que no han sido aprobadas en el Congreso.
En Cartagena, la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), el Sindicato Único de Educadores y Trabajadores de la Educación de Bolívar (Sudeb) y otras organizaciones anunciaron que se unirán a la jornada nacional, de manera que las manifestaciones arrancan desde hoy en la madrugada desde distintos lugares, como la Institución Educativa José Manuel Rodríguez Torices (Inem).
Tras un consejo de seguridad comandado por el alcalde Dumek Turbay Paz, el Distrito anunció una serie de medidas que se tomarán frente a la jornada: los colegios oficiales no tendrán clases ninguno de los dos días, lo que significa que no habrá servicio de transporte escolar y tampoco PAE. La medida, preventiva en términos de seguridad, impacta a miles de familias que ahora deben conciliar trabajo y cuidado infantil, pero más grave aún es la situación de los pequeños que no contarán con las raciones del PAE y que tienen escasas opciones para alimentarse en casa.
Según ha dicho el alcalde Turbay Paz, Cartagena “no se paralizará” ni se espera que “haya un caos o un estallido social que altere la normalidad o las rutinas”. En todo caso, el Departamento Administrativo Distrital de Salud (Dadis) emitirá una alerta amarilla hospitalaria para que los servicios de urgencia estén atentos a lo que se requiera. Así mismo, el Cuerpo de Guardacostas, la Armada Nacional, la Policía Metropolitana de Cartagena y la Fiscalía General de la Nación aseguraron estar preparados ante cualquier contingencia.
En este contexto, la sensatez debe ser la brújula de todos los actores: las centrales obreras están llamadas a garantizar que las marchas y cacerolazos se desarrollen sin bloqueos ni daños al espacio público; el Gobierno y las autoridades locales, a proteger el derecho a la protesta evitando el uso desproporcionado de la fuerza; y la ciudadanía, a informarse por canales oficiales y no caer en rumores que puedan llegar a exacerbar los ánimos.
Finalmente, en este mal llamado por algunos “pulso” —con un Ejecutivo que exhorta a la ciudadanía a “ganar” en la calle lo que perdió en el Congreso—, el primer daño colateral puede ser la credibilidad misma de las instituciones que sustentan nuestra democracia. Cuando el presidente Petro anima a los manifestantes a respaldar reformas que ya naufragaron en el trámite legislativo, transmite la idea de que la deliberación parlamentaria es un obstáculo y no la vía natural de la democracia representativa.