Preocupante pero previsibles los resultados del estudio de la Contraloría General de la República, en el que se revela que el 45% de los departamentos tiene limitaciones para asumir nuevas competencias que hoy están asignadas a la Nación, manejadas desde Bogotá, por falta de capacidades locales.
Según ese estudio, sólo 7 de los 33 departamentos del país tienen condiciones institucionales y administrativas suficientes para asumir las nuevas competencias que exige la descentralización diferencial que plantea el Acto Legislativo 03 del 2024, norma expedida por el Congreso para fortalecer la autonomía de los departamentos, distritos y municipios, lo que implica la esperada y rogada reforma del Sistema General de Participaciones (SGP).
El indicador, denominado ‘Potencialidades de la Descentralización’, evaluó a los 32 departamentos y Bogotá a partir de factores como desempeño fiscal, salud, educación, pobreza, desigualdad, valor agregado, presencia de etnias, ruralidad y lucha contra la corrupción. Infortunadamente, sólo Bogotá y Antioquia superaron los 70 puntos en una escala de 1 a 100, seguidas de Cundinamarca, Valle del Cauca, Atlántico, Santander y Meta, con más de 60 puntos, pues demuestran mayor capacidad para gestionar recursos y competencias descentralizadas.
Se comparte la visión del contralor general, Carlos Hernán Rodríguez Becerra, en cuanto a que la descentralización sin autonomía financiera es una utopía, puesto que el modelo económico actual sigue privilegiando la centralización, aumentando las brechas entre regiones.
Por supuesto que es un gran avance en el añorado fortalecimiento de la autonomía financiera de los entes territoriales el que se haya logrado, con el apoyo del Gobierno del presidente Petro, la expedición del Acto Legislativo 03 del 2024, modificatoria de los artículos 356 y 357 de la Constitución.
Ahora falta que se expida la reglamentación de ese Acto por parte del Congreso, lo que permitirá trasladar progresivamente cerca de $1,7 billones de pesos desde el 2027, hasta alcanzar $45 billones en el 2039.
En Bogotá la preocupación, incluso del contralor y del presidente, es que esta reforma constitucional ya vigente, y la eventual ley de reglamentación, que no se ha expedido, resulte peor que el excesivo centralismo que nos agobia, por cuenta de las ineficacias administrativas regionales y el creciente poder de grupos mafiosos y violentos, y que en vez de mejorar la eficiencia de la inversión pública local, con los mayores recursos se aumente la burocracia, la corrupción y las desigualdades regionales.
Sin embargo, cualquier cosa es mejor que la nefasta centralización, que sólo ha profundizado la pobreza, la desigualdad, la corrupción, la violencia y su colorario en la desintegración territorial y, lo peor, el resquebrajamiento de la unidad nacional.