El pasado martes el presidente de la República lanzó en Barranquilla un discurso alejado de la dignidad del cargo que ostenta, por violación directa del Artículo 188 de la Constitución Nacional, de las buenas maneras y de los fundamentos de la democracia moderna.
De nada sirvió que el propio presidente de la Corte Constitucional, Jorge Ibáñez Najar, en un encuentro académico en Cartagena, llamara a respetar el orden constitucional en el país, para garantizar el Estado social y democrático de derecho, enfatizando que el camino debe ser la paz y la concordia, no la confrontación ni el uso de mecanismos que desestabilicen las instituciones.
Aunque Ibáñez no se refirió directamente al Gobierno Nacional tras el hundimiento de la consulta popular en el Senado, para los presentes se trató de una invitación al alto Gobierno, debido a que el presidente amenaza con otro estallido social cada vez que el Congreso o las Cortes toman alguna decisión que no se acompase con sus deseos.
Los improperios que usó en Barranquilla vulneran elementales de la sana relación del Ejecutivo con las otras Ramas del Poder Público. En efecto, la alusión directa a los congresistas que votaron negativamente la solicitud de Consulta Popular, señalando con nombre propio a varios parlamentarios del Atlántico, indicando que no deberían reelegirse, es una clara intervención en política electoral, además de las imputaciones graves que espetó, como que hubo fraude en la votación en la que se hundió la Consulta, o que congresistas compran sus votaciones en las elecciones al parlamento.
A pesar de que llamó a que se protestara en paz contra esa decisión, en el discurso agregó elementos que indican ir más allá de esto. En la práctica, sus palabras encierran una amenaza vedada por no hacer lo que el Gobierno solicita al Congreso; o que la reacción del pueblo debe ser “contundente”, lo que puede significar muchas cosas que el presidente no aclara, pero que, en el marco de sus discursos, podría ser la activación de un nuevo estallido social, pero esta vez dirigido desde la Casa de Nariño.
De hecho, la orden a la Fuerza Pública de solo hacer lo suficiente para cuidar los edificios de las instituciones y garantizar la convivencia pacífica entre la ciudadanía, no hace sino suscitar una inquietud innecesaria e inconveniente en un momento de alta polarización, pues podría significar tolerancia a la violencia.
La sola mención desde Palacio, sobre la pertinencia de convocar a una huelga general, con todos los efectos que ello traería en la paralización de las actividades, es un verdadero despropósito, puesto que esa posición radical va dirigida directamente contra el establecimiento, el cual está encabezado por el Gobierno, obligado a garantizar la unidad nacional y los derechos y libertades de todos los colombianos, y no solo los de sus inmediatos seguidores.